Por una #SociedadHorizontal
Para muchos analistas, el juicio contra Genaro García Luna que se realiza en la Corte de Nueva York, causa nerviosismo tanto en México como en Estados Unidos. El ex funcionario es acusado de haber ayudado al cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión, por cinco cargos criminales federales. La pregunta está en el aire.
Varios narcotraficantes que testificarán en el proceso, también han señalado que han financiado campañas políticas en México de casi todos los partidos políticos, incluyendo las del que está en el poder. También podría salir a la luz pública, el nivel de involucramiento que pudieron tener los agentes o autoridades de Estados Unidos. Este proceso judicial arrancará hoy formalmente y las preguntas están en el aire ¿saldrá a la luz información relevante sobre estas hipótesis, relacionadas con autoridades de ambos países?
Mientras tanto, en torno a otro proceso en Estados Unidos, José Refugio Rodríguez, representante legal en México de Joaquín, “El Chapo” Guzmán, comentó que transmitió un mensaje al presidente López Obrador. En éste se solicita sea revisado el procedimiento judicial de extradición al que el narcotraficante fue sometido en 2017. El alegato principal es que se violaron tanto el derecho internacional, como sus derechos humanos.
El presidente López Obrador aseguró que su gobierno revisará la petición para que pueda enfrentar la justicia pero en una cárcel de México. El mandatario afirmó que cuando se trata de asuntos relacionados con derechos humanos “no hay que descartar, porque el principal derecho es a la vida”. Ante esta declaración, organizaciones de derechos humanos han criticado ¿porqué no se le da el mismo trato a los alrededor de 13,480 mexicanos en cárceles federales de la Unión Americana que sufren la misma situación?
La noticia sobre dicha solicitud, corrió en paralelo a la decisión del juzgado quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, de otorgar una nueva suspensión provisional a Ovidio Guzmán López, para frenar su extradición a Estados Unidos. El requerimiento de la autoridad estadounidense es para ser sentenciado por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.
Esta decisión del poder judicial ha causado polémica, especialmente ante lo afirmado por la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien previamente informó que a Guzmán López se le achacan basicamente los delitos cometidos en “flagrancia” cuando fue detenido (posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y los homicidios de los militares que participaron en el operativo). La funcionaria reconoció que el resto de los ilícitos de los que se acusa a Guzmán están relacionados con una solicitud de extradición hecha en 2019 por Estados Unidos. ¿Entonces porqué no se ha procedido de inmediato con su traslado a la Unión Americana? ¿Cuál es el peso real del crimen organizado sobre las instituciones mexicanas?
El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile alertó que el crimen organizado es el principal riesgo político en América Latina para 2023 lo que se explica con la expansión a otras naciones de organizaciones criminales que se concentraban en México, Colombia y América Central, como es el caso de células del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Aunado a esto, los mandatarios del hemisferio norte, recientemente pusieron sobre la mesa el tráfico de fentanilo como el principal riesgo en materia de seguridad.
A lo largo de las últimas décadas, México ha sido el epicentro de este cáncer. Las afectaciones que por esta actividad se han generado en nuestras instituciones, en la convivencia social y en el proyecto de nación, son desgarradoras.
Es altamente probable, que los procesos judiciales aquí mencionados generen más preguntas que respuestas en torno a la degradación que vivimos. Por esta razón, es indispensable que la #SociedadHorizontal se responsabilice de entender la forma en que el poder es asediado, presionado e incluso cooptado por la actividad criminal. Hoy que según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, los cárteles del crimen organizado operan en alrededor del 35% del territorio nacional, no podrá haber cambio alguno sin una transformación de raíz en la forma en que todos los mexicanos y mexicanas se involucran para revertir el grave deterioro que hoy sufrimos.
