“Acepto hacerme de la vista gorda pero ¿Con cuánto se va a caer?”. “Nada de que ya me voy ¿Y el moche?”. “Si no se empareja, me lo llevo”. “Se lo advierto, si no hay donativo, no hay solución”. “Ya dígame ¿Está dispuesto a aceitar la maquinaria?”. “Como cuates, cambie de criterio”. “Si quiere platicamos acá, en lo oscurito”, “Antes de que me lleve a la delegación vamos a dar una vueltecita”, “Busquemos una forma para que me haga la valona”. “Si se porta cuate le puedo hacer el quite”, “Usted dígame ¿De a cuánto es la untadita?”.
Todas estas frases sintetizan el diálogo entre la autoridad y el ciudadano, víctima y cómplice de la corrupción. Ahora, en medio de las desgracias producto de la pandemia, hay aportaciones de este flagelo muy positivas. Los riesgos y el contagio del virus están obligando a que la comunicación con la autoridad se haga por medio de instrumentos tecnológicos, como el internet. Obviamente todo ese regateo de la corrupción entre quien ostenta el poder y el ciudadano ya no puede hacerse público y se cancela esta posibilidad.
Lo real y concreto es que hasta 2019 la cruzada contra la corrupción, la gran bandera del Presidente. no se ha visto reflejada en el aumento de honestidad de la administración pública. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dice que la corrupción a pequeña escala, aquella que practican los ciudadanos en su trato cotidiano con autoridades de gobierno –municipal y estatal– creció en el 2019.
La mayor cantidad de actos de corrupción se concentra en el contacto con autoridades de seguridad pública, en los que un 59.2 por ciento de los usuarios reportaron haber experimentado algún acto de corrupción: cartas de no antecedentes penales y solicitudes de licencias. También en trámites en instituciones de salud y empleo, conexión o reconexión de energía eléctrica.
Según la encuesta del Inegi, en 2019 hubo 19.2 por ciento más de actos de corrupción en instituciones de gobierno –al pasar de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019–; y hubo 7.5 por ciento más víctimas de actos de corrupción –al pasar de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019.
Lo que se desprende de la información del Inegi es que la corrupción no ha disminuido sino que ha crecido. La frustración y pérdida de esperanza en la 4T, tiene una causa muy clara, según el mismo Inegi, el costo el año pasado de aquellos que fueron víctimas de la corrupción fue de tres mil 822 pesos, promedio por persona. Lo peor de todo, que esta corrupción, la del diálogo personal, la de abajo, es la menos costosa, en comparación con la corrupción de las cúpulas, de las asignaciones directas y de las concesiones. El compromiso de la lucha contra la corrupción de este gobierno es un absoluto fraude. Una gran tomadura de pelo.
