En mi columna anterior, dí por hecho que el lector medio estaría al tanto de lo que escribía: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tal vez me equivoqué, por eso dedico ésta columna a aclarar de qué se trata. El sistema se creó en 1984. En su reglamento se establecen varios niveles, del I al III, según los méritos académicos. Dado el propósito de promover y fortalecer la investigación científica en todos los órdenes, el Sistema alienta el quehacer de quienes a ello se consagran su vida. Con una deferencia, pero también con una recompensa pecuaria que va de los 15 a los 138 mil pesos. En su origen el Sistema, con toda justicia, no distingue la procedencia de los investigadores, quiero decir si pertenecen a instituciones públicas o privadas. El problema, hoy en día, es que el CONACYT, institución que administra el Sistema, pretende dejar fuera a aquellos investigadores que laboran en instituciones privadas, por ejemplo a los Colegios que tienen el estatus de asociaciones civiles.
Es cierto que a lo largo de los años, el Sistema se ha pervertido un tanto, pues, por un lado, ha dejado de evaluar la investigación genuina sustituyéndola por recuentos curriculares. De suerte que lo importante es antes que nada publicar. Por otro, ha dado pie a la simulación con supuestas coautorías, o de plano, otorgando recompensas sin merecerlo. Tal es el caso del Fiscal General de la República a quien, pese a la mediocridad de sus publicaciones ha saltado al nivel III sin pasar por el I y el II. Caso evidente de complacencia política y, por ende de corrupción flagrante. Por eso la indignación de la comunidad meritocratica.
Muchas amistades tengo que, a despecho de sus méritos para ingresar no lo han conseguido, y otras que encaran enormes dificultades para transitar de un nivel a otro.
De ahí la importancia que un juez valeroso ponga fin a la discriminación que excluye del Sistema a las instituciones privadas, al propio tiempo ampare a quienes, por merecerlo, escalen los niveles aun en contra de las comisiones dictaminadoras, a menudo poco celosas de los criterios que rigen un sistema que debe ser transparente y sin sesgos.
Una pregunta final: ¿por qué tenemos que judicializar cada decisión del Ejecutivo y sus Lacayos?. Me consuela pensar que todo es perecedero, incluido el “reinado” desquiciante de López.
