La presidente Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el caso penal que se le sigue en México al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, es político. Hace unos días, de manera ligera pero ponzoñosa, dijo en su conferencia matutina que “al parecer”, Treviño seguía preso en Estados Unidos, y que, si se producía más información a lo largo del día, darían a conocer su estatus. El día pasó. La semana terminó, y no informó nada. En el imaginario colectivo quedó que Treviño está preso, bajo la idea colectiva que se debía a la petición de deportación que solicitó la Fiscalía General. La realidad es totalmente diferente: está libre y no lo deportaron. Sigue en el proceso de asilo político que le pidió al gobierno de Estados Unidos. Pero en este país de imágenes, la palabra es más fuerte que la verdad.
Treviño es un caso singular del régimen. Cuando lo detuvieron en agosto, la presidenta expresó a su equipo su preocupación por lo que pudiera declarar en Estados Unidos, sin ir más allá en sus temores. Su caso fue heredado a Sheinbaum por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inventó acusaciones contra múltiples funcionarios de anteriores administraciones para apuntalar su lucha contra la corrupción, que ha terminado en un fracaso, sin detenidos y con solicitudes para asilo político por persecuciones en México. Pese a los yerros, ha servido como herramienta de propaganda y desviación de problemas y crisis del régimen.
El caso penal contra Treviño empezó temprano en el sexenio de López Obrador, cuando el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acordó con Emilio Lozoya, el defenestrado primer director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que imputara a varios exfuncionarios donde el árbol que allanara el camino a la cárcel del expresidente y de su antecesor Felipe Calderón fuera Treviño. Lozoya aceptó y el fiscal Alejandro Gertz Manero fue el operador de la trama.
Lozoya hizo un acuerdo con Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos –quien murió como consecuencia de una operación en 2023–, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto. En el equipo del expresidente, había intereses cruzados. Scherer quería darle a López Obrador la cabeza de Calderón; Gertz Manero, ser el primero en meter a la cárcel a un expresidente.
Lozoya fue el peón de Scherer, primero, y de Gertz Manero después, que fastidiado de sus mentiras y falta de soporte en sus acusaciones contra dos decenas de personas, lo mantiene bajo proceso penal. No obstante, la Fiscalía General, que no pudo ir contra Peña Nieto, ni contra Calderón, ni contra los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, porque no pudieron probarles nada, mantiene forzadamente la acusación contra Treviño por corrupción, en particular por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, una filial del conglomerado brasileño Odebrecht.
La Fiscalía General no lo detuvo porque Treviño se fue del país. Le pidió a Interpol una ficha de notificación para que lo ubicaran y lo detuvieran. Treviño se defendió. Presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la notificación, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Óscar Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que, por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación donde se violaron sus derechos fundamentales, se cancelaba la notificación y la borró de los archivos de la Interpol. No obstante, la Fiscalía General persiste. En la actualidad, Treviño está esperando la revisión de un amparo que le negaron contra las imputaciones, en un tribunal colegiado.
Cuando detuvieron a Treviño a mediados de agosto en Texas, la presidenta Sheinbaum dijo que era consecuencia de la solicitud de extradición presentada hacía cinco años, y “en los próximos días”, anunció, sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Nunca sucedió eso. Treviño fue detenido cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, por agentes migratorios.
La narrativa de Sheinbaum no se sostuvo. Treviño tuvo su día en la Corte. Sus abogados cuestionaron la acción de los agentes de migración y probaron que tenía permiso para residir y trabajar, que no había cometido ningún delito en ese país, que no tenía antecedentes ni era un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos, y que estaba en proceso su solicitud de asilo político, que confirmó el Departamento de Estado. El juez que escuchó su caso lo dejó en libertad, mediante una fianza de 75 mil dólares, que recuperará cuando concluya el trámite de asilo político. Nada más. No hubo brazalete electrónico ni tener que firmar semanalmente en el tribunal. La fiscal que lo acusó, no apeló.
Esta información es del conocimiento del gobierno de México, pero la presidenta Sheinbaum optó por la desinformación y la mentira. Treviño vive en Prosper, un suburbio de Dallas, donde vive y trabaja, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Paradójicamente, el pronunciamiento de la presidenta esta semana ayuda a los abogados del exdirector de Pemex para documentar la persecución del gobierno mexicano, por la forma sistemática como ha hablado de él en las mañaneras, sin importale la vulneración del debido proceso, con fines políticos.
La narrativa del combate a la corrupción ha perdido fuerza y credibilidad. En la última encuesta sobre la aprobación de Sheinbaum publicada por El Financiero, el 75% reprobó su gestión en este rubro y su aprobación continuó en picada. Los escándalos de la familia López Obrador y de varias de las figuras más representativas del régimen son la causa de ello. Insistir en Treviño no revertirá la tendencia, pero quizás le ayude a convertirse en el primer asilado político de su gobierno.
