Roberto Antonio Velázquez Nieto y Gabriela Cabrera Herbert
La libertad de conciencia y de religión están protegidas por el artículo 24 de la Constitución y se establecen también en diversos instrumentos internacionales como el artículo 18 del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto de la libertad religiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es “un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como asociado con otras personas” y que “permite que de forma independiente y autónoma se pueda creer, dejar de creer o no creer en una determinada religión.”
En México, la relación entre las confesiones religiosas y el Estado ha sido compleja. esta situación no sólo condujo a la separación expresa en la Constitución del principio de separación del estado y las Iglesias, si no que a la regulación se hiciera en el propio texto constitucional particularmente en el artículo 130.
De esta manera, en la Constitución convive el derecho a la libertad de conciencia y libertad religiosa con una regulación detallada en la parte orgánica, y en la la la ley de Asociaciones Religiosas.
En exte contexto se reanudaron las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos Mexicanos el 21 de septiembre de 1992 en el pontificá do de Juan Pablo II y el mandato de Carlos Salinas de Gortari y el entonces Nuncio apostólico Jeromino Prigione.
Independientemente de quién llegue la presidencia de la republica, se podría celebrar un nuevo acuerdo que representaría un gran cambio en la relación Iglesia Estado. De concretarse sería un cambio histórico de gran trascendencia para el país. Para algunos representa un gran retroceso, para otros, un gran avance democrático de gran magnitud, similar a las reformas del salinismo y cuyo autor fue el doctor Mariano Palacios Alcocer ex embajador de México ante la Santa Sede, que le dieron reconocimiento jurídico a las Iglesias y reanudaron las relaciones con la Santa Sede.
No sabemos si en su visita al Papa Francisco en el Vaticano de las candidatas Xochilt Gálvez de la alianza y Claudia Sheinbaum de Morena se plantearon celebrar un nuevo acuerdo.
Si se diera el caso en dicho acuerdo se establecería lo siguiente:
En primer lugar un apartado económico que prevé la asignación de recursos gubernamentales a la Iglesia Catolica, como ya se hace en otros países, entre ellos España, Brasil, Colombia, peru, Alemania. En el 2010 el gobierno español le asignó una partida de 6 mil millones de euros al clero.
Aunque en realidad operan tres sistemas para dar recursos gubernamentales al clero: el esquema tributario, el impuesto religioso y la asignación presupuestaria. Aun no se define cuál de ellos podría aplicarse en México.
Otro punto sería permitir la instrucción religiosa en las escuelas públicas. Permitir a la Iglesia poseer y administrar medios de comunicación masiva. Finalmente está la creación de un vicariato cástrense, que empezó a impulsar en México Juan Pablo II desde los ochenta, con la intención de nombrar a un obispo que tenga a su cargo a una diócesis con capellanias, sacerdotes, catedral, y seminarios propios, dedicados exclusivamente a la atención espiritual de los militares. Este acuerdo representa el viejo sueño de la derecha mexicana.
Pero también la izquierda a firmado acuerdos de esta naturaleza. El presidente de Brasil Lula, en noviembre del 2008 viajó al Vaticano y firmó el acuerdo en el Palacio pontificio.
Esta puede ser una estrategia con quien gane la presidencia de la republica el próximo 2 junio de la Santa Sede, cuya diplomacia se maneja con pies de plomo y manos de terciopelo.
