Quizá en un mundo ideal la ley sea el principal elemento restrictivo de malas conductas y no recurso correctivo, como suele suceder ahora en México por la tenacidad con la cual el gobierno y sus piezas legislativas se saltan la Constitución, las leyes y hasta los reglamentos de funcionamiento del Congreso Nacional, pero al menos queda esa última posibilidad –corregir–, frente a los frecuentes atropellos desde el poder Ejecutivo.
La ley ya no es sólo norma de obvia obligación y anhelado cumplimiento, porque cuando ésta se burla de la cima al sótano, la barbarie llega a una sociedad. Se debe evitar ese extremo.
En muchos casos este gobierno actúa como Nixon en aquella célebre entrevista con Frost; si yo actúo contra la ley, mi cargo anula la violación. Omnipotencia pura, sueño de divinidad. El poder, el potente Ejecutivo cuya obra sobrepasa los límites de una norma o de la Constitución misma. El Derecho soy yo…
El caso del IANI es quizá el mejor ejemplo de la arbitrariedad presidencial.
Sin recato alguno el presidente de la república, en medio de una crisis de actuación de un instituto mutilado y sin quórum legal para sesionar por falta de comisionados, en lugar de sugerir solución, el Ejecutivo ha condenado a muerte a tal institución sin un solo argumento (porque no los tiene válidos), y sí con la excitativa oratoria de su inutilidad y su escasa aportación en contra de la corrupción. Pura falacia.
Así les dijo a sus senadores:
“Les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho: que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la ASF y se ahorren mil millones de pesos, que no sigan fomentando el derroche, gastos superfluos, privilegios”.
Sin embargo los ciudadanos hemos recibido con interés esta otra noticia:
“…la jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, Celia Quintero Rico, fue quien concedió una suspensión provisional para que se someta al pleno de esa Cámara el nombramiento del sustituto del ex comisionado Francisco Javier Acuña.
“Además, dio 48 horas al Senado para notificar que ya cumplió una suspensión definitiva otorgada desde el pasado 3 de marzo, en la que se le ordenaba nombrar a los otros dos funcionarios del INAI en sustitución de los rechazados por el presidente López Obrador, Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alvizo.
“Se concede la medida cautelar para el único efecto de que la Jucopo cese la omisión reclamada y con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del INAI, acuerde el nombramiento que debe someter al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, con la finalidad de ocupar el cargo que deja disponible el comisionado Acuña”.
Como ya finalizó el periodo ordinario de sesiones, el Senado debe convocar a periodo extraordinario para no incurrir en desacato.
Ricardo Monreal lo anunció tibiamente, como una posibilidad ni remota ni cercana sino todo lo contrario. Al viejo estilo.
Pero en el conjunto político la situación dista mucho de ser regular. No es normal en ninguna democracia la obstinada lucha presidencial primero contra las instituciones y después contra las leyes mismas.
Si aquella frase de considerar la ley, como un cuento nada más fuera una ocurrencia declarativa, no sería tan grave como la acusación directa contra el Tribunal Constitucional: ministros corruptos, etc, etc, defensores del régimen de privilegios y demás lindezas.
Pero para su desgracia, sí, en muchos momentos la ley, es la ley.
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