OMNIPOTENCIA es lo que le da al presidente la reforma a la Ley de Amparo, nada, ni nadie por encima de su voluntad y además la facultad de amnistía sin reglamentar. Casi divinidad.
La semana anterior, una denuncia anónima puso en la cima de la opinión nacional lo que, unas semanas antes ya había revelado el presidente López Obrador: que el ex ministro Arturo Zaldívar ejercía presión sobre ministros, magistrados y jueces, para que se atendieran las sugerencias del ejecutivo.
Tal afirmación presidencial, de ese nivel, no movió la conversación electoral, ni le quitó votos a su corcholata o le sumó nada a la oposición. Pasó, pese a lo delicado de la admisión, con cierta intrascendencia. El aludido ex presidente de la Corte se concretó a negar, no vio intención política en su contra ni maniobra electoral.
¿Por qué entonces una denuncia, que pone nombres y apellidos a las intervenciones y presiones del ex ministro, escala ahora hasta el exceso de exigir juicio político a la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a la que temerariamente se acusa de confabularse con la candidata Xóchitl Gálvez para atacar a la otra candidata?
Es simple, ahora al presidente le conviene la victimización de su alfil, por lo que contribuye al desprestigio del Poder Judicial, que considera obstáculo para su poder plenipotenciario, autoritario, de dictador vestido de demócrata.
Es natural que en la Suprema Corte, denostada y vituperada casi a diario en la tribuna presidencial, se hayan decidido a exhibir la inmoralidad y el manejo político de la justicia que existió durante la gestión de Zaldívar, que hasta intentó reelegirse ilegalmente como presidente y tuvo la desfachatez de renunciar para que el presidente pudiera nombrar otro ministro incondicional. Hay jueces y magistrados ofendidos y además, se está defendiendo la autonomía e independencia del poder judicial, sin la cual a la justicia se le cae la venda y se vence la balanza.
Es una exageración el nivel de la reacción del ex ministro, que ha convocado a su defensa hasta al presidente del partido Morena y sus huestes legislativas para pedir juicio político en contra de Norma Piña. Su protagonismo y ansias de quedar bien, ha convertido un proceso administrativo, de uso común en el Poder Judicial, en toda una confabulación conspirativa en contra del presidente, la candidata y lo que se acumule, convirtiendo un asunto personal en casi una traición a la patria.
Contrasta la estridencia de hoy, con la mesura y comedimiento mostrado cuando el presidente exhibió públicamente la existencia de “respetuosas sugerencias” y resalta el hecho de que llame como presuntos agraviados a la candidata oficial, a su campaña y a la propia 4T.
Pongámoslo en su justa dimensión, se trata de un procedimiento administrativo, una más de las 362 denuncias anónimas que se han presentado desde 2018 en cumplimiento del artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura. Nada extraordinario pues, salvo que ahora se toca al más protagónico presidente que ha tenido la Suprema Corte.
Él es quien ha politizado el tema y dado ribetes electorales pues así conviene a su posicionamiento en la estructura del equipo de Claudia Scheinbaum, en el que por cierto no es más que un asimilado útil.
Sigue haciéndose el necesario en una campaña gris, sin importarle la dignidad del poder que él presidió. Era un esquirol, ahora es un traidor que se opone a la destrucción de su red de influencia al interior de la Corte.
Poniéndolo en perspectiva electoral como quiere Zaldívar, a quien beneficia este falso conflicto político es al discurso presidencial, que fortalece su fantástica afirmación de que a través de las instancias legales se prepara un golpe de estado blando, anulando la elección si gana su candidata.
Vaya trampa que pone el ejecutivo. El presente proceso electoral es abrumadoramente desigual, el presidente lo desbalancea todos los días, y el uso de los recursos públicos para propaganda electoral vía los servidores de la nación es evidente, todo ello es causa de anulación que perdería consistencia si se presumiera la intervención de otro poder en el proceso. Es un presupuesto para restarle legitimidad a una resolución desfavorable. Es una presión más para evitar que la ley se aplique. Una elección de estado operada en deseada impunidad.
Para eso sirve el que Zaldívar denuncie intenciones electorales en la admisión de la denuncia e instauración de la investigación respectiva, lo demás es pirotecnia mediática. Zaldívar aprovecha el impulso moralizador de su sucesora, que actúa en cumplimiento de sus responsabilidades, para él sí hacer campaña política, a su favor y de Claudia Scheinbaum. El enfrentamiento de la Ministra es contra el poder omnímodo del ejecutivo, para asegurar la primacía de la ley por sobre las ambiciones políticas, otro nivel en el que ya no está Zaldívar, devenido de ministro a matraquero.
