Quizá muchos no recuerden este antecedente en la historia ahora repetida de la soberbia abusiva al amparo de un cargo legislativo, pero el más claro se remonta a la humillante comparecencia del general Enrique Salgado Cordero, secretario de Seguridad Pública del (entonces) Distrito Federal, sometido a befa en la Asamblea de Representantes y con personal inquina por Martí Batres, su abusivo líder.
Vendedores de autopartes de la Colonia Buenos Aires en 1997, (ahí donde ahora se siguen decomisando piezas robadas), fueron acusados de matar a un policía. El Grupo Jaguar de la SSP cobró venganza y los secuestró. Sus cuerpos sin vida fueron hallados al poco tiempo en la carretera de Cuernavaca.
El general Salgado fue llamado a cuentas ante el órgano legislativo de la capital, cuando los procedimientos judiciales contra los directamente culpables ya se desarrollaban. Ahí fue sometido a un humillante interrogatorio. Lo sentaron en un banquillo en la parte inferior de la tribuna principal y lo acribillaron a preguntas.
–¿Era necesario?
–“Sí, había que marcar la distancia con el pueblo”, decían los voceros del PRD de aquel tiempo. No se trataba de interrogar, se trataba de humillar al general y con él al Ejército. Eran otros tiempos.
Hace unos días ese afán de sometimiento desde una posición de autoridad, se ha repetido con diferentes matices en el amplio terreno de la intimidación, el control y la arbitrariedad disimulada judicialmente, lo cual resulta peligrosamente ominoso cuando se prepara el asalto al Poder Judicial.
“(Proceso). – En un hecho inédito, un ciudadano ofreció una disculpa pública al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por increparlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
“Esto, luego de que tuvieran un altercado el 20 de septiembre de 2024 en el salón de American Express del AICM”.
Los detalles de aquel incidente no tienen ninguna importancia. Jamás la tuvieron. Gerardo Fernández utilizó ese roce entre ciudadanos, para indebidamente usar el cargo –sin atribuciones ejecutivas– para incordiar a un ciudadano.
Eso recuerda los autos de fe de la vida colonial en cuyo curso se obligaba al hereje a rettractarse, como el caso de Martín Cornú quien (entre cientos), quien “fue reconciliado con pública penitencia y solemne ceremonia y juramento de que no volvería más a los dichos errores…*”. Al parecer esos tiempos y los del Sambenito, no se han ido del todo, aunque hasta la presidenta evada el asunto con la muleta de “un acuerdo entre particulares”. De ser así ¿por qué se hace el auto dentro del Senado?
Noroña humilla a un ciudadano por un asunto baladí cuya feble circunstancia agravia su majestad y serenísima alteza, mientras un tribunal, en Tamaulipas, somete a rigor de silencio y censura absoluta –con amenazas judiciales de apremio corporal–, al periodista Héctor de Mauleón quien tras ahondar en la circunstancia delictiva del grupo dominante en Morena de Tamaulipas y sus alianzas aduaneras con el huachicol, escribió lo siguiente:
“…El pasado 15 de mayo un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, pegaba en la puerta de mi casa dos cédulas por medio de las cuales se me notificó de una “Resolución por la que se ordena la adopción de medidas cautelares”. El notificador me dijo que el INE había entregado, “por un convenio”, la dirección de mi domicilio.
“Supe de inmediato de qué se trataba. En días anteriores me habían pasado una nota que señalaba que Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y candidata a Magistrada del Supremo Tribunal Electoral, nos había demandado, a mí y a “El universal”, por los delitos de calumnias y violencia política en razón de género… nos quiere obligar a callar por medio de denuncias presentadas en contra de “El universal” y de este columnista.
“No es no callar; es, simplemente, defender el derecho que a todos nos otorga la libertad de expresión”.
¿Ese es el humanismo mexicano?
*HIstoria del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. Jose Toribio Mendoza. Conaculta.
