Durante once años, Alejandro Gertz, hoy general fiscal de la República intentó ingresar al SIN (sistema Nacional de investigadores, pero fue rechazado por “insuficiente producción científica”. Sin embargo, merced a una decisión a todas luces, política, acaba de ingresar con el nivel más alto (III). Afortunado abril para este sinvergüenza como un “investigador” carente de metodología, sin aparato crítico. Pese a todo, la actual directora del organismo, la obediente Elena Álvarez-Buylla integra una comisión especial dictaminadora (figura que no existe en el reglamento) que resuelve milagrosamente que el señor fiscal debe estar “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”, magnificando la obvia mediocridad. Pues que el SNI III se otorga solo como “reconocimiento a una vida dedicada a la academia. No es alguien que casualmente va publicando aquí y allá; es un compromiso y un proyecto de vida”. Además el señor fiscal nunca ha dirigido tesis alguna. Esta distinción a quien no lo merece, es pues la gota que derrama el vaso. De acuerdo con la abogada Ximena Medallón: “es otra forma de corrupción, no está robando dinero, pero es abusar de tu posición para manifestar todo el sistema”
Por añadidura, en contraste con esa aberrante determinación, La Álvarez-Buylla expulsa a mil 600 investigadores que laboran en instituciones privadas. Está claro que a esa señora no le simpatizan: es la voz servil del presidente López, tan propenso a menoscabar los derechos y las libertades. Es este sentido, como lo ha señalado Guillermo Sheridan, el Conacyt “anula y menoscaba la libertad de laborar donde a uno le venga en gana”. Violando la constitución, divida los derechos en públicos y privados. Discriminación que algún juez “decente” tendrá que frenar apelando al principio constitucional que los derechos humanos “no podrán restringirse ni suspenderse”. Innumerables son los Lacayos del mandamás. Doña Elena es uno de ellos. ¿Cabe la indignación? Eso y mucho más.
