Personalmente, en especial en casos con el tiempo en contra de la utilidad práctica, no creo en el poder curativo de las disculpas. Sobre todo si no vienen acompañadas de algo –casi siempre insuficiente– para resarcir o al menos sobrellevar el daño por el cual se ofrecen.
Las penas corporales no tienen compensación posible. Nada reemplaza el tiempo a la sombra. Ni siquiera el dinero. De nada le sirve a quien se le ha encarcelado por años debido a una venganza, un error judicial o un acto de sevicia política –como es el caso por comentar–, oír en la interrumpida y relativa “nueva” libertad las disculpas del carcelero.
Sin embargo y como un acto simbólico y de gratificación íntima para el agraviado, hoy el gobierno le debería ofrecer disculpas a Jesús Murillo Karam, a quien la justicia le ha dado la razón, en contra de la mitología del caso Iguala, una de las grandes banderas de oposición política, cuya deformación procesal fue tan pervertida por la Cuarta Transformación, como para ver a la víbora morderse la cola.
Junto con la disculpa se debería anular todos los elementos del vil proceso.
Como se sabe Murillo Karam agrupó bajo la idea jurídica de una “verdad histórica” los resultados de una investigación seria cuyos resultados siguen siendo tan válido como el primer día, no obstante los esfuerzos políticos y politiqueros de la Cuarta Transformación y su más cercano antecedente, a pesar de los millones y millones de dólares invertidos en ese empeño.
Crearon fiscalías, contrataron mercenarios forenses en la OEA y en varios países (Perú, Argentina), falsificaron procesos, excarcelaron criminales, enlodaron reputaciones, destruyeron instituciones (como la oficina especial del caso en la desaparecida CNDH), implicaron al Ejército, defendieron narcotraficantes amapoleros y a pesar de tantos y tan denodados esfuerzos, no pudieron llegar a conclusiones diferentes de la verdad que deseaban combatir.
Hoy las cosas cambian definitivamente. La ineficiente “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, cuyo sólo nombre ya denuncia su tendencia, pues en Ayotzinapa no sucedieron los hechos investigados por ella ni por nadie, recibe un desmentido categórico por parte del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México¨:
“No hay hasta la fecha más que “la versión conocida como la verdad histórica”. No lo digo yo, ni el exprocurador Jesús Murillo Karam,
sino una sentencia de amparo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México en el caso de Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del ministerio público y exfiscal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de la República, quien llevó parte de las investigaciones del caso Iguala.
“No se advierte que sea falsa” esta hipótesis, señala la sentencia.
“No está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad”.
El 27 de enero de 2015 el entonces procurador Murillo Karam declaró sobre los normalistas de Ayotzinapa secuestrados en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014:
“Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río [San Juan]. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.
“Los normalistas fueron detenidos por policías municipales que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinó.
“Esta versión (recopila Sergio Sarmiento), se basaba en 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones ministeriales y 39 confesiones de implicados. Más de 70 personas fueron detenidas y procesadas sobre la base de esta hipótesis”.
Ese compendio de acciones de investigación, debemos recordarlo se hizo en sólo cuatro meses. Hubo diligencia y experiencia. Sin embargo durante más de 10 años se ha querido demostrar otra “verdad”. No ha sido posible, ni siquiera mediante la falsedad como recurso y ejercicio cotidiano.
Y en el camino encarcelaron a un funcionario inocente, de edad avanzada y mala salud. Fue una infamia.
