La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado, la alcancen. Haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres, para controlar los daños que le había causado la cancelación de sus visas para entrar a Estados Unidos, no impide que se vea envuelta en la turbulencia político-jurídica que se avecina: existe evidencia de que su exesposo recibió -por un tiempo aún no precisado- 500 mil dólares mensuales de cárteles de las drogas.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la Administración Trump les ha cancelado la visa. Las de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de que su separación legal.
Las razones por las que se les cancelaron no son públicas, pero entre los causales que pueden llevar a que el Departamento de Estado las revoque, se encuentra haberse extralimitarse en el plazo de autorización para estar en Estados Unidos, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, la gobernadora aseguró que era solo un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Ávila tampoco dudó en respaldar a su entonces esposo, y en un mensaje en X señaló que siempre había actuado con integridad y “profundo compromiso por Baja California”.
Torres Torres era el coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno, y la justificación contra el conflicto de interés era que no tenía salario. “Mi respaldo hacia él no es solo persona, es moral y político”, agregó la gobernadora cuando hizo pública la cancelación de sus visas. De acuerdo con fuentes diplomáticas estadounidenses, el caso en contra de Torres Torres señala que el dinero que recibía regularmente era para permitir al crimen organizado operar sin problema en Baja California.
La gobernadora, se puede argumentar, realizó un divorcio estratégico y preventivo. A la pareja se le ha relacionado con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, de la misma manera que tendrá que explicar, llegado el caso, cómo no se dio cuenta de los nueve millones de pesos -el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad- que recibía cada 15 días, como establece la investigación en Estados Unidos.
Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombre, sin embargo, ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces de ambos países en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de una solicitud de licencia. No existe una investigación en México contra ella, a diferencia de su exesposo, que de acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus transmitida a finales de enero, lo están investigando desde septiembre por presuntamente ser parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
El trabajo periodístico reportó también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia en junio de 2025, que señala que Torres Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, ex secretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. Esa carpeta de investigación imputa a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Torres Torres siempre ha negado cualquier señalamiento criminal. Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tanto él como la gobernadora, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años por el reacomodo de cárteles en Tijuana, que impactó en el resto del estado. En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control.
Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional, mostraba la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal Ricardo Carpio, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles, entre los que sobresalía como su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Féñix. Ávila los promovió y mantuvo en el cargo hasta que fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas.
López Obrador nunca quiso actuar en Baja California. Incluso, cuando su amigo, el antecesor de Ávila, Jaime Bonilla, lo buscó para informarle lo que estaba pasando en Baja California, lo ignoró. Bonilla la denunció en 2022 en el Senado, donde aseguró que la violencia en esa ciudad, en Mexicali, Rosarito y Ensenada, se debía a un pacto incumplido con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La gobernadora siempre lo negó. Hace poco más de una semana, Bonilla fue sancionado por un tribunal estatal por violencia de género en contra de la gobernadora.
Sheinbaum no ha sido omisa como lo fue López Obrador. La investigación contra Torres Torres sigue caminando, y le ha enviado mensajes a Ávila para que resuelva sus problemas y ordene el estado. Primero fue con Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadounidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Después con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No obstante, Ávila permanece estática, esperando quizás que se desvanezca el caso. Pero no va a ser así. Autoridades estadounidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra. Hacerlo, sin embargo, significará un desafío: cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora.
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