El día de ayer tuve la oportunidad de ser convocada como representante del consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro, organismo ciudadano que me honra representar y uno de los comunes denominadores sobre la mesa es que somos un país que enfrenta una crisis hídrica cada vez más aguda así de claro. Con una gran parte de su territorio clasificado como árido o semiárido, y más del 70% de la población viviendo en zonas con baja disponibilidad de agua, la presión sobre los recursos hídricos es inmensa. La situación se ve agravada por el crecimiento poblacional, la contaminación de cuerpos de agua y el cambio climático, que intensifica fenómenos extremos como sequías e inundaciones. En este contexto, es urgente comprender que la gestión sostenible del agua se convierte en una prioridad no solo ambiental, sino también social y económica. Sin embargo, lograr una administración eficiente y equitativa de este recurso es una tarea compleja que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, nos necesita a todas y a todos.
La gestión sostenible del agua implica no solo un uso responsable del recurso, sino también su conservación y el mantenimiento de los ecosistemas que lo generan y purifican. Esto significa proteger cuencas y acuíferos, reducir la contaminación y promover tecnologías de ahorro y reutilización. Sin embargo, ayer posicionamos que las políticas y regulaciones no pueden tener éxito sin un compromiso fuerte por parte de la población. Los ciudadanos, como usuarios finales del recurso, tienen un rol clave en la implementación de prácticas sostenibles en su vida diaria, ya sea limitando el consumo en el hogar, participando en proyectos de reforestación o evitando arrojar contaminantes a los cuerpos de agua. Además, los ciudadanos tienen el poder de exigir a las autoridades políticas efectivas y transparentes en la gestión del agua, así como de contribuir a vigilar y denunciar prácticas que afecten negativamente el recurso.
La participación ciudadana no solo es esencial para que las políticas de gestión del agua sean efectivas, sino que también promueve un sentido de responsabilidad compartida y empoderamiento comunitario. Involucrar a la población en el cuidado del agua fomenta una cultura de respeto y protección hacia este recurso, generando consciencia sobre su valor y sobre la fragilidad de los ecosistemas que lo sostienen. Además, la participación de la ciudadanía puede ser un catalizador para soluciones innovadoras y adaptadas a las realidades locales. En comunidades rurales, por ejemplo, los habitantes pueden aportar conocimientos tradicionales que se combinan con prácticas modernas para mejorar el manejo del agua.
Soy una fiel convencida de que la gestión sostenible del agua en México requiere de la colaboración activa entre gobiernos, empresas y ciudadanos. La participación ciudadana es fundamental, pues permite que las políticas públicas trasciendan los documentos oficiales y se conviertan en acciones concretas en el día a día de cada persona. Al asumir un papel activo en la protección y cuidado del agua, la ciudadanía mexicana no solo contribuye a la conservación de un recurso vital, sino que también fortalece la cohesión social y la resiliencia frente a los desafíos climáticos. Cuidar y proteger las fuentes agua hoy es garantizar un mejor mañana para las futuras generaciones.
