Por años, la coalición que dio forma al proyecto político conocido como la Cuarta Transformación se sostuvo sobre un equilibrio tan pragmático como frágil: un partido mayoritario con vocación hegemónica y dos fuerzas menores que, a cambio de supervivencia política, aportaban votos, estructura territorial y una narrativa de pluralidad. Hoy, ese equilibrio se resquebraja. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto una grieta profunda entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo; una grieta que no solo revela intereses encontrados, sino que plantea un debate de fondo sobre el futuro del régimen democrático mexicano.
La propuesta de reducir —o incluso desaparecer— a los diputados y senadores de representación proporcional, así como de recortar de manera significativa el financiamiento público a los partidos políticos, ha sido presentada desde el poder como una medida de austeridad republicana y de “racionalización” de la vida pública. En el discurso oficial, se trata de acercar la representación al “pueblo”, eliminar privilegios y terminar con una supuesta partidocracia desconectada de la ciudadanía. Sin embargo, cuando se despoja a la iniciativa de su retórica moralizante, emerge una pregunta incómoda: ¿estamos ante una reforma que perfecciona la democracia o frente a un rediseño institucional que favorece la concentración del poder político en una sola fuerza?
Desde la perspectiva del derecho constitucional y electoral, la representación proporcional no es un capricho técnico ni una concesión graciosa a los partidos pequeños. Es una conquista histórica que responde a una lógica democrática elemental: evitar que la mayoría, por el solo hecho de serlo, monopolice la representación y silencie a sectores significativos de la sociedad. En México, los legisladores plurinominales surgieron como una válvula de escape frente al autoritarismo del partido hegemónico del siglo XX, permitiendo que voces disidentes ingresaran al Congreso y enriquecieran —a veces incomodaran— el debate parlamentario.
Eliminar o reducir drásticamente esta figura no equivale a “simplificar” el sistema, sino a empobrecerlo. Significa asumir que la voluntad popular se agota en el ganador de la contienda mayoritaria, ignorando que millones de votos no se traducen necesariamente en triunfos distritales. La democracia constitucional no se mide solo por la regla de la mayoría, sino por la protección efectiva de las minorías políticas. Cuando estas desaparecen del diseño institucional, lo que queda es una democracia formal, vaciada de pluralismo.
En este contexto, la postura de Morena resulta reveladora. Como partido dominante, con una base electoral amplia y un control significativo de los aparatos de gobierno, la reducción de plurinominales y del financiamiento público no representa un riesgo existencial, sino una oportunidad estratégica. Menos espacios para las minorías significan menos contrapesos legislativos; menos recursos públicos implican una competencia desigual en la que el partido en el poder, con acceso a la agenda pública y a la visibilidad institucional, parte con ventaja estructural.
Aquí emerge la sombra de una vieja tentación mexicana: la del partido de Estado. No necesariamente en su versión burda y autoritaria del pasado, sino en una forma más sofisticada, legitimada por mayorías electorales y revestida de un discurso moral. El riesgo no es menor. Un sistema político en el que una sola fuerza define las reglas, controla la narrativa y reduce los espacios de disenso tiende, por inercia, a inhibir el debate legislativo y a normalizar la obediencia parlamentaria.
Para el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la reforma propuesta es una amenaza directa a su viabilidad política. Ambos partidos han construido su relevancia no tanto a partir de triunfos mayoritarios consistentes, sino de su capacidad para negociar, coaligarse y acceder a espacios de representación proporcional. La desaparición o reducción de estos espacios equivale, en los hechos, a una sentencia de marginalidad.
De ahí la reacción airada, a ratos contradictoria, de estas fuerzas. Por un lado, buscan preservar su alianza con Morena, conscientes de que fuera de ella su futuro electoral es incierto. Por el otro, entienden que aceptar sin reservas la reforma es firmar su propia acta de defunción política. Esta tensión explica la fractura del bloque oficialista y desnuda una verdad incómoda: la llamada Cuarta Transformación nunca fue un proyecto monolítico, sino una suma de intereses convergentes mientras el poder alcanzado fuera suficiente para todos.
El otro eje de la reforma —la reducción del financiamiento público a los partidos— merece un análisis igualmente cuidadoso. Es cierto que el sistema mexicano es costoso y que existe una legítima indignación ciudadana frente al uso opaco e ineficiente de los recursos partidistas. No obstante, en un país con profundas asimetrías económicas, el financiamiento público cumple una función democratizadora: evitar que el dinero privado, los intereses corporativos o, peor aún, los recursos ilícitos, capturen la política.
Reducir drásticamente estos recursos sin diseñar mecanismos alternativos de equidad es abrir la puerta a una competencia desigual, donde solo quienes tengan acceso a fuentes privadas de financiamiento —o al aparato gubernamental— puedan sostener campañas competitivas. Nuevamente, las minorías serían las primeras víctimas, mientras que el partido mayoritario consolidaría su ventaja.
El conflicto entre Morena, Verde y PT no es, como algunos quieren verlo, una simple disputa coyuntural por posiciones o prerrogativas. Es el síntoma de un debate más profundo sobre el tipo de democracia que México quiere ser. ¿Una democracia plural, con reglas diseñadas para procesar el disenso y equilibrar el poder? ¿O un sistema mayoritario robusto, donde la eficacia gubernamental se impone sobre la deliberación y el pluralismo?
Desde una óptica constitucional, cualquier reforma electoral debería partir de un principio básico: las reglas del juego democrático no deben diseñarse para beneficiar al jugador que va ganando. Cuando esto ocurre, la legitimidad del sistema se erosiona, aunque se mantengan las formas electorales. La historia comparada es clara: los regímenes que debilitan a las minorías en nombre de la eficiencia terminan, tarde o temprano, enfrentando crisis de representación y desafección ciudadana.
En este escenario, el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad histórica. No se trata de bloquear toda reforma ni de defender privilegios indefendibles, sino de ejercer una deliberación genuina, informada y abierta. La reforma electoral no puede ser un trámite automático dictado desde el Ejecutivo ni una moneda de cambio entre aliados inconformes. Requiere un debate técnico, constitucional y político de alto nivel, en el que se escuchen todas las voces, incluidas —y especialmente— aquellas que corren el riesgo de desaparecer.
La opinión pública, por su parte, debe resistir la tentación de los eslóganes fáciles. Austeridad no siempre es sinónimo de democracia, ni mayoría equivale automáticamente a legitimidad. Defender la representación proporcional y el financiamiento equitativo no implica defender a partidos específicos, sino preservar un diseño institucional que ha permitido, con todas sus imperfecciones, la alternancia y el pluralismo.
La fractura entre Morena, Verde y PT es, en el fondo, una crisis de identidad del proyecto gobernante. Si la Cuarta Transformación aspira a ser algo más que una etapa de acumulación de poder, deberá decidir si su legado será el fortalecimiento de la democracia constitucional o la instauración de un nuevo consenso hegemónico con menos voces y más control.
La reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum es una oportunidad para modernizar el sistema, sí, pero también un riesgo real de regresión democrática. Todo dependerá de si se asume con responsabilidad plural o se utiliza como herramienta para consolidar un partido de Estado. En esa disyuntiva se juega no solo el futuro de los partidos minoritarios, sino la calidad misma de nuestra democracia. Y ese, conviene recordarlo, no es un asunto de partidos, sino de República.
