El pasado 23 de mayo se realizó un evento protocolario en el auditorio COSMOS de la fiscalía general del Estado, en donde se entregaron certificaciones a fiscales y se presentó la digitalización de la emisión de las medidas de protección a personas víctimas de delito, en la zona metropolitana a partir de esta semana, se entregará prioritariamente a las mujeres víctimas de violencia, una tarjeta de uso personal que tiene un código QR en donde al momento de hacer la lectura las autoridades podrán saber las medidas de protección que esta persona tiene, así mismo durante la presentación se explicó que se hará uso del sistema de información único lo cual permitirá a todas las autoridades competentes recibir la información de la medida que se le acaba de brindar a la víctima en tiempo real. Aunado a ello se dijo que a través de un mensaje de texto se le informará a la víctima las medidas de protección que se le otorgaron, todo ello se presentó como un logro importante y un avance contundente en materia de protección a víctimas del delito.
Sin embargo, una vez más la fiscalía nos ha fallado a las mujeres, la presentación del lunes no hizo más que evidenciar la gran falta de conocimiento de la realidad que se vive en las fiscalías del Estado, el problema no es que la víctima no conozca las medidas de protección que se le otorgan, el problema no es que los policías no conozcan las medidas de protección de las que goza una persona, el problema realmente de fondo radica en que al momento en que una mujer se presenta a iniciar una carpeta de investigación por actos constitutivos de delito, en primer lugar y de forma reiterada se les niega el inicio de dicha carpeta, este hecho ha quedado más que evidenciado a través de redes sociales a partir de testimonios y también con certeza lo digo, desde el activismo.
Las afortunadas o las tercas, a quienes se les ha iniciado carpetas de investigación, aún cuando han referido ser víctimas, ser mujeres en condición de vulnerabilidad, no se les otorgan de forma inmediata medidas de protección. Para muestra un botón, las quejas que la colectiva Adax digitales interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos justamente versan sobre la falta de medidas de protección a las víctimas, en el caso de Valeria esta tuvo que ser agredida afuera de una de las fiscalías para que se le otorgaran medidas de protección, semanas después de qué interpuso denuncia por violencia digital y violencia de género, delitos considerados de gravedad en contra de las mujeres.
Las fiscalía nos falló cuando pensó que con una tarjeta se soluciona el problema de la vulnerabilidad de las víctimas de cualquier delito, nos falló cuando optó por una salida fácil, una salida mediática, una salida que parece ser una improvisación y nos falló cuando decide querer tapar con un dedo la realidad tan abrumadora que vivimos las queretanas.
Pero en esta columna no todo es crítica también hay propuesta, propuesta desde el territorio, desde el acompañamiento a mujeres de violencia, respuestas que las activistas consideramos la parte medular para recomponer este tema en concreto. Hay algo sencillo que podrían hacer, a lo mejor no tan mediático pero necesario y es primero aceptar qué hay deficiencias, que han existido omisiones por parte de los funcionarios de la institución por desconocimiento o por falta de compromiso, es decir: reconocer el problema de fondo.
Otra propuesta que les ponemos sobre la mesa es capacitar a sus fiscales en perspectiva de género, pero no sólo ello sino que sean empáticos con las mujeres que acuden a las instituciones en busca de ayuda, de solución a los problemas que les atañen. Otra parte importante es que los fiscales conozcan la gravedad de las situaciones por las que atraviesa una mujer víctima de violencia de género, no es posible que se omita entregar medidas de protección para llevar a cabo espacios conciliatorios con los agresores como sucedió en el caso de Susana en Jalpan, a quien pese a que su agresor la había golpeado, la fiscalía no le puso orden de restricción a su agresor para que ella pudiera llevar a cabo una reunión y llegar a un acuerdo con él, a ella jamás le informaron que era su derecho, según la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 52 a no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.
La propuesta también versa en que en lugar de que solo con un mensaje de texto te avisen que te dieron medidas de protección, la policía cumpla con la obligación que tiene, de acuerdo con la ley antes citada, de llamar a las víctimas al menos cada 24 horas en los días posteriores a una denuncia, con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra y mantener reporte de su integridad física. Eso querida fiscalía sería hacer bien las cosas, sería querer cambiar de fondo el problema que se suscita en sus instalaciones, hablaríamos entonces de atender la raíces de las deficiencias que se tienen, en suma sería algo digno de aplaudir.
Durante el evento citado al inicio de esta humilde opinión, mencioné que durante esta ceremonia también se premió a fiscalas y fiscales que han cumplido con varias capacitaciones en el sistema cosmos, muy loable, las capacitaciones jamás sobran cuando de función pública se trata, sin embargo también hay una parte importante que esperamos la fiscalía asuma como una responsabilidad ética, moral y de cara a la ciudadanía; y tiene que ver con el hecho de que la misma institución ha recibido quejas de sus funcionarios por actos u omisiones, ya sea en la integración de carpetas de investigación, en la ejecución de medidas de protección, en el propio proceso de investigación o en la representación jurídica que lleva de las víctimas, esperamos que estas quejas y denuncias que han realizado mujeres valientes sean tomadas con la seriedad que nos requieren el tema.
Porque cuando existen quejas e inconformidades por parte de la ciudadanía, ello es sinónimo de que algo se está haciendo mal, las instituciones se nutren de los individuos a quienes sirven y en ese sentido sería muy responsable de parte de la fiscalía fincar responsabilidades, las que corresponda conforme a derecho a aquellas y aquellos que no estén haciendo su trabajo y que por el contrario ensucian el actuar de una institución tan importante como lo es la Fiscalía General del Estado.
Hago votos para que el problema estructural de la violencia de género sea tomado con urgencia, que nos tomemos en serio gobierno, instituciones asociaciones y ciudadanía en general esta problemática, sólo así podremos llegar a ese estadío de bienestar, de paz, de seguridad y de libertad al que queremos llevar a nuestro Querétaro, solamente así podremos decir que vivimos en un estado donde impera la ley.
