Por una #SociedadHorizontal
Tras la publicación del informe por parte de Alejandro Encinas, en representación de la Comisión de la Verdad de Segob, el Caso Ayotzinapa ha mostrado contradicciones, tensión y fricciones entre distintos grupos al interior del gobierno. En los útlimos días hemos visto filtraciones de información reservada, descalificaciones, órdenes de aprehensión que son canceladas, comunicados y conferencias urgentes, así como pleitos que han derivado en renuncias de funcionarios, amenazas y hasta denuncias penales.
La Comisión Presidencial en voz del subsecretario de Gobernación, presentó su informe ante el presidente López Obrador, el gabinete y algunos familiares de las víctimas. En él habló de 3 grupos que habrían tenido a los estudiantes, y brindó pistas de los lugares donde habría que buscar. Denunció que la llamada “verdad histórica” fue construída en el sexenio pasado a partir de “la tortura contra los testigos, la cual se utilizó de forma generalizada”, para cerrar el caso.
El funcionario subrayó que se trató de un “crimen de Estado” en el que participaron miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, junto con agentes de diversas instituciones del Estado mexicano -policías municipales y estatales, así como personal del ejército, la marina y la PGR- que estuvieron al tanto de los hechos, participaron en el crimen, fabricaron evidencias, torturaron personas, encubrieron o fabricaron hechos.
Posteriormente, la fiscalía de Gertz Manero anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión 20 de estas contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero. Sin embargo, subitamente Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa perteneciente a la Fiscalía General de la República. Se supo que la renuncia de Gómez Trejo se debió a “diferencias” sobre la forma en que se aprobaron las órdenes de aprensión.
La separación del cargo del fiscal especial ocurrió después de que se filtara parte del informe de la Comisión de la Verdad que había sido reservada, prácticamente al mismo tiempo medios nacionales e internacionales revelaron que 21 de las 83 órdenes de aprehensión que están en curso en relación al caso Ayotzinapa fueron canceladas; trascendió que 16 de ellas corresponderían a militares. El propio Ejército se ha confrontado con el funcionario de Bucareli y ha enfatizado: “no se dejen engañar, los militares no intervinieron en la desaparición de los normalistas como Alejandro Encinas nos lo quiere hacer creer”.
Es evidente que el Caso Ayotzinapa se ha empantanado nuevamente, no solo se mantiene insatisfecha la exigencia de saber la verdad por parte de las madres y los padres de los normalistas, sino que los enredos y tensiones entre dependencias, desnudan lo que la sociedad intuye desde hace muchos años: la corrosión del Estado, la participación del poder y el involucramiento de actores en los distintos órdenes de gobierno forma parte de una consolidada red de corrupción e impunidad, que implica muchísimo dinero en torno al narcotráfico que ocurre en esa región del país.
La relatoría de hechos recientes, nos da una idea clara de porqué aquella trágica noche de Iguala, desnudó hace ocho años el colapso que sufre el Estado Mexicano. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es un dramático estudio de caso, que de manera escalofriante pero didáctica, muestra las razones por las que México se ha convertido en una fábrica de muerte. Con 133 mil muertes en lo que va de la administración (se proyecta que al finalizar podrían haber más de 200 mil), con 120 mil durante FCH y con 150 mil en tiempos de EPN, podríamos afirmar que en nuestro país, por la colusión de la economía ilícita, la corrupción de las fuerzas de seguridad y el involucramiento impune de la política, tenemos instalada una suerte de “línea de producción” de sangre y muerte en zonas específicas.
Este es el mayor reto que enfrenta la #SociedadHorizontal, para que México vuelva a ser viable. Desafortunadamente, hoy parecería que no lo es.
