En las últimas décadas, un fenómeno ha alterado profundamente la fisonomía social, económica y cultural de los centros urbanos en México y en muchas otras partes del mundo: la gentrificación. Bajo un discurso de renovación urbana, mejoramiento del entorno o revitalización de barrios, se esconde una de las expresiones más crudas del urbanismo actual: el desplazamiento de los habitantes tradicionales de sus espacios históricos, para dar paso a la apropiación del suelo urbano por nuevos giros, usos y propietarios, que algunos interpretan como una lucha de clases.
La Ciudad de México ha sido testigo reciente de estos procesos en colonias como Roma, Condesa y ahora Polanco, donde la llegada de nuevos desarrolladores, turistas de largo plazo, plataformas de renta y habitantes de alto poder adquisitivo ha generado una auténtica burbuja inmobiliaria. Las consecuencias son palpables: aumento desmedido en las rentas y precios de venta, especulación del suelo, cambio de vocación de barrios enteros y desplazamiento forzado de residentes tradicionales. En zonas como Polanco, la tensión ha llegado al punto de vandalismo, enfrentamientos vecinales y una profunda fractura en el tejido social, que no se justifican de uno ni de otro lado.
Este problema no es exclusivo de la capital del país. En ciudades intermedias como Querétaro, la lógica es la misma. El derecho a la ciudad, entendido como la posibilidad real de habitar, participar y apropiarse del espacio urbano en condiciones de dignidad, se ve diariamente amenazado por un modelo de desarrollo que en algunas ocasiones privilegia la rentabilidad sobre la justicia urbana.
Desde el punto de vista del derecho urbanístico, la gentrificación expone la debilidad estructural de nuestros marcos normativos. Aunque la Constitución federal reconoce en su artículo 4º, el derecho humano a una vivienda digna y decorosa, y en el artículo 115 la facultad de los municipios para regular el desarrollo urbano de sus centros de población, en la práctica estas normas han sido insuficientes para detener la maquinaria especulativa del mercado inmobiliario, pero también de la vorágine recaudatoria de las administraciones municipales y estatales.
Los programas municipales de desarrollo urbano que cambian cada tres años y la lógica de una actualización catastral que llegó para quedarse, lejos de buscar una justicia tributaria progresiva, ha servido para encarecer artificialmente el suelo y justificar los procesos de desplazamiento; Querétaro es la clara muestra de ello, pues los aumentos de valores catastrales son ya injustificables.
A esto se suma la falta de una política pública de vivienda social, la sobre regulación y la falta de incentivos fiscales para la permanencia de habitantes históricos en zonas en transformación. Además, una pieza clave del problema ha sido el actuar restrictivo del INAH en los centros históricos. Si bien su función de tutela del patrimonio es indiscutible, en los hechos sus restricciones han encarecido las posibilidades de intervención y rehabilitación de inmuebles antiguos, provocando un doble efecto perverso: por un lado, la expulsión de propietarios que no pueden afrontar los costos de mantenimiento y permisos; por otro, la apropiación de estos inmuebles por empresas que sí pueden sortear los requisitos técnicos o que incluso promueven cambios legislativos para flexibilizar las reglas a su conveniencia.
La gentrificación no es solo un fenómeno inmobiliario: es una forma de violencia estructural. Quienes pierden su barrio pierden también su red de apoyo, su historia, su identidad colectiva. Al ser desplazados hacia la periferia —lejos del transporte público eficiente, del empleo formal, de los centros de servicios y equipamiento—, se multiplican las desigualdades sociales y se consolida un modelo de ciudad segregado y excluyente.
No es casual que en las periferias urbanas de todo el país se concentren los mayores índices de pobreza, inseguridad, deficiencia en servicios públicos y marginación educativa. El modelo de expansión horizontal sin planeación ha dejado una huella profunda. Pero hoy la gentrificación urbana representa la otra cara del mismo problema: la ciudad se vuelve un espacio de privilegio para unos pocos y un territorio hostil para las mayorías.
Un caso paradigmático de gentrificación radical en México lo encontramos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hoy se ha transformado en un enclave inmobiliario de élite, inaccesible para la mayoría de sus habitantes originarios. Hoy es una ciudad globalizada y privatizada. El auge del turismo de alto poder adquisitivo, la presencia constante de residentes extranjeros y el impulso de desarrollos inmobiliarios de lujo han generado una distorsión total en el mercado local.
En Europa y América Latina existen diversas experiencias exitosas que pueden adaptarse al contexto mexicano. El derecho comparado nos ofrece ejemplos de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la ciudad y evitar los efectos más nocivos de la gentrificación. Políticas de vivienda inclusiva con porcentajes obligatorios de vivienda de interés social. Revalorización de la periferia para invertir de manera prioritaria en servicios públicos, infraestructura, seguridad, transporte y equipamiento urbano en zonas marginadas. Una reforma a la regulación y normatividad. Y la participación ciudadana efectiva en la planeación del desarrollo urbano son ejemplo de dichas experiencias.
Se requiere también la revisión y actualización de valores catastrales con criterios de justicia: la actualización debe atender a la capacidad de pago real de los habitantes y no solo a la lógica de mercado, ni a la paradoja de un sistema coordinación fiscal que ha convertido a los municipios metropolitanos en mercaderes de valores catastrales y usos de suelo.
Debe existir un control sobre las plataformas digitales de arrendamiento temporal, pero no controles de rentas que buscan congelar los precios, pues eso sólo desalienta la inversión y las obligaciones de los arrendadores, recordemos lo que sucedió en su momento al otrora Distrito Federal.
Sin duda se deben preservar los usos habitacionales para evitar que colonias enteras se conviertan en hoteles encubiertos, generando distorsiones en el mercado de vivienda, pero debe permitirse la mezcla orgánica de comercios y servicios que generan economías locales, y ponen ojos en las calles para evitar la maldición de las ventanas rotas.
La apropiación y defensa del espacio público es una herramienta para fomentar el uso comunitario del espacio urbano, promover actividades culturales, comercio local, zonas peatonales y actividades barriales que fortalezcan la identidad y cohesión social. Ese es el verdadero trabajo del ayuntamiento.
Lo ocurrido recientemente en Polanco, con actos de vandalismo y enfrentamientos entre residentes históricos y nuevos habitantes o desarrolladores, es la expresión de una olla de presión. El problema es complejo, y aunque no se justifica la violencia, sí es necesario comprender las causas profundas, e identificar a quienes pretender capitalizar desde la izquierda un movimiento que no les pertenece.
La criminalización del descontento ciudadano, especialmente cuando proviene de sectores tradicionalmente excluidos, es una peligrosa pendiente hacia el autoritarismo. En lugar de atender las causas estructurales del conflicto, se responde con represión o indiferencia. Es necesario apostar por el diálogo, la mediación urbana y una gestión democrática del territorio, acompañada de servicios públicos de calidad, seguridad pública eficiente y espacios públicos suficientes.
Querétaro está aún a tiempo de evitar la espiral gentrificadora que ya devasta a otras metrópolis del país. Pero requiere decisiones firmes, marcos jurídicos sólidos, inversión social sostenida y participación ciudadana activa. La ciudad no puede seguir siendo un botín ni una mercancía. Debe ser, antes que nada, un espacio de vida, de encuentro, de inclusión y de derechos.
Reivindicar el derecho a la ciudad no es una consigna ideológica: es una exigencia ética, jurídica y política. Es construir una ciudad para todos, no solo para quienes pueden sobre pagarla.
