Mucho se sigue discutiendo en la materia energética sobre la competencia léase participación del sector privado, y si bien es relevante, tampoco cabe la duda que la distribución de competencias (atribuciones) de o para las entidades federativas en la materia también lo es. El marco jurídico de la distribución de competencias, inicialmente, está dado por la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y se lee en su Artículo 25 que señala que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable…” y agrega que “ Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.” Por su parte, el Artículo 27 constitucional, señala que “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”
La delimitación de facultades en materia energética, desde la Constitución, en un Estado federal, se ha convertido en una tarea sumamente compleja de realizar, pues es difícil satisfacer los intereses de la Federación y, al mismo tiempo, el de las entidades federativas, si se tiene en mente sobre todo determinar qué facultades necesita cada orden de gobierno para que ejerza mejor el gasto público.
Es importante resaltar, que el sistema jurídico mexicano, se basa en una visión de concurrencia, pero así también, en la complementariedad, de tal manera, que se expresa, tal sistema en el modelo de distribución de competencias entre los 3 órdenes de gobierno que concurren y entre las distintas dependencias u organismos para complementarse.
No está a discusión la rectoría del estado en la materia, ni tampoco las facultades de la federación, pero lo que no está escrito es el régimen de competencia para los estados, con lo cual, se podría tener una mayor capacidad institucional para llevar a cabo las actividades necesarias y urgentes en este rubro de energía.
Hay que entender que los estados encuentran sus fortalezas en el accionar territorial de su demarcación y por ello, se erigen en pilares claves para el ejercicio de las regulaciones, programas y acciones de la federación, no obstante, hay aspectos en los cuales los estados pueden asumir una facultad concurrente, que arrojaría un factor dinamizante, operativo y eficaz, a fin de lograr el objetivo común, de garantizar el acceso a la energía para los ciudadanos y los sectores económicos que la demandan.
Recordemos que el tema del agua, es muy parecido y que a la fecha, se cuenta con un modelo de distribución de competencias con mayor eficacia. Los municipios hoy en día cuentan con la facultad (y obligación) de dotar de agua potable a la ciudadanía, aunque la administración del agua siga siendo federal.
El tema central, es saber que facultades pueden ser concurrentes, ya sea porque se reforme el actual marco jurídico o porque, esas facultades no están reservadas a la federación.
Son muchos los retos que se enfrentan hoy en día (escases de energía en algunas regiones, transición energética, competitividad de las empresas, empleos en el sector energético, inversiones en infraestructura (redes y subestaciones) y, parte de su solución, se encuentra en desatar el nudo de la distribución de competencias a los estados, se trata de una suma aditiva.
La energía puede tener fronteras físicas, pero lo que no se antoja viable, son las fronteras legales de concurrencia y complementariedad. Combinar recursos, aprovechar ventajas comparativas (energías renovables y limpias), crear más infraestructura y ampliar la oferta energética, al mismo tiempo que se diversifica la matriz energética, es la ruta estratégica que de cara a los próximos 10 años habrá que transitar.
