Una elección sumamente cerrada, cuya administración ha sido reconocida por observadores internacionales y, a pesar de la incertidumbre, pacífica. Así fue la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, celebrados el 6 de junio de 2021, mismo día de la votación en México.
Hasta el día de hoy, después de más de una semana, aún no se puede declarar oficial el resultado, aunque Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, es quien podría convertirse en el nuevo presidente del país sudamericano. Con el 100 por ciento de las actas contabilizadas, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Castillo ha logrado el 50.127 por ciento de apoyo, mientras Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, obtuvo el 49.873 por ciento. La diferencia es de poco más de 44,800 votos, un margen que fue compactándose conforme avanzaba el conteo de las boletas.
La prudencia que mostraron la candidata y el candidato en los primeros días se fue perdiendo, particularmente de uno de los lados, con el paso de los días. Keiko Fujimori ha declarado que hubo fraude y manipulación, e incluso ha denunciado que la izquierda internacional estaba interviniendo, por las declaraciones de algunos líderes latinoamericanos que saludaron una presunta victoria de Castillo.
El miércoles pasado cerraba el plazo para impugnar, y la candidata de la derecha sólo registró una parte de las papeletas que esperaba anular, especialmente de áreas rurales en donde Castillo arrasó. Recuérdese además que Fujimori enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero, y que el jueves pasado un fiscal pidió prisión preventiva para la aspirante presidencial por aparentemente haber violado las reglas de su libertad condicional, al reunirse con un testigo del caso Odebrecht.
Todo esto sucede en un contexto político de inestabilidad en Perú. Las reformas que en algún momento se dieron para acotar el poder hiperpresidencial heredado del periodo de gobierno del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) han derivado en un régimen semiparlamentario de facto. Esta realidad facilitó que fracciones políticas del Congreso utilizaran la figura constitucional de vacancia con dos presidentes de la República, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y que llevaran al poder a un tercero, el actual mandatario Francisco Sagasti.
A la inestabilidad política en la nación andina se suma una importante indisciplina ideológico-partidista, así como la laxitud programática de gran parte de los partidos, muchos de ellos sin doctrina política y con valores difusos, lo que dio como resultado una proliferación de candidaturas (18 en la primera vuelta electoral presidencial) y una fragmentación política exacerbada.
Como telón de fondo aparece la historia de corrupción, que también ha sido una causa de la inestabilidad política, con cuatro ex presidentes de la República acusados, no condenados, de corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y Martín Alberto Vizcarra (2018-2020). Por supuesto, hay que agregar la sentencia del también exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio y corrupción, y el caso del expresidente Alan García, quien se encontraba acusado de soborno, pero se suicidó en 2019.
Todos los elementos anteriores han estado presentes en la elección presidencial del 6 de junio, además de la deprimida situación económica, consecuencia de la pandemia. Para finales de 2020, la economía peruana había caído un 11.12 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y la pobreza alcanzaba al 30 por ciento de su población (un aumento del 10 por ciento respecto al año anterior).
¿Qué promete cada aspirante? Pedro Castillo, profesor de educación primaria y líder sindical, anunció durante la campaña que realizaría un referéndum con el propósito de instalar una Asamblea Constituyente que modifique la actual Carta Magna. También suscribió un documento llamado “Compromiso con el pueblo”, en el que se compromete a derrotar a la pandemia; garantizar la vacunación de todas y todos sin discriminación y privilegios; a que no haya más golpes de Estado o compra de medios de comunicación; a dejar el cargo de presidente de la Republica el 28 de julio de 2026; a fortalecer el sistema anticorrupción y respetar su independencia; a defender los derechos humanos y respetar los tratados internacionales que Perú haya suscrito; a atender las decisiones de los pueblos originarios; a luchar contra la delincuencia, y a fortalecer las instituciones para que sirvan al pueblo.
Keiko Fujimori, administradora de empresas, excongresista y dos veces candidata presidencial derrotada en segunda vuelta (2011 y 2016), con un apoyo concentrado en Lima, ha prometido mantener un sistema de libre mercado, promover la inversión y gobernar con mano dura. También ha llamado a la unidad, argumentando que desea evitar que Perú se convierta en Cuba o Venezuela. En Twitter, posteó: “mano dura no es dictadura. Es una democracia firme. En una palabra, lo que yo ofrezco es demodura”.
Si algo nos ha enseñado la historia política reciente de Perú es que todo puede pasar. El futuro político y económico de aquella nación está aún por decidirse.
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