La primera bomba que lanzó Ismael El Mayo Zambada contra el poder político en México, el 10 de agosto pasado cuando imputó al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya como cómplice de la organización criminal, tuvo apenas una foja y media de extensión. La segunda dada a conocer el viernes pasado, tiene 33, y está cargada de precedentes judiciales y una bomba contra el gobierno mexicano, que exhibió la trampa en la que él mismo se metió. Zambada también utilizó su caso para advertir que seguir jugando a la avestruz en Palacio Nacional, podría llevar a que funcionarios y políticos mexicanos sigan su suerte.
Zambada, por décadas líder del Cártel de Sinaloa, tiene la razón jurídica. Su escrito noqueó al gobierno.
Sí fue privado de su libertad en territorio mexicano y trasladado de manera coercitiva a Estados Unidos sin autorización ni conocimiento de las autoridades mexicanas. México fue “pasivo” y “omiso” en defenderlo como cualquier ciudadano, subordinándose ante un gobierno extranjero. Ciertamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca denunció de manera oficial la ilegalidad estadounidense, y su preocupación se enfocó a saber cómo lo habían capturado. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo mismo. Estados Unidos, bajo las administraciones Biden y Trump se han burlado de México pisoteando su soberanía.
El escrito de Zambada donde pide su repatriación problematizó su caso en el contexto de la relación bilateral y metió a Sheinbaum en una contradicción, quien extrañamente respondió pidiéndole a la Fiscalía General revisar el caso, aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero ya lo analizó, y el 29 de octubre, en una mañanera frente a ella, explicó detalladamente que el secuestro estaba probado y se había cometido en México. Sheinbaum no ordenó en ese momento un extrañamiento al gobierno estadounidense ni pidió iniciar un proceso legal para que Zambada fuera repatriado. Se quedó callada.
Haberlo hecho no significaba apoyar al capo, sino defender la soberanía mexicana. Estados Unidos violó la ley y el tratado firmado en 1994 que prohíbe los secuestros transfronterizos, aunque hasta la fecha no ha sido ratificado por el Senado norteamericano. No obstante, la defensa de Zambada señaló que aún sin ratificación debía haber sido respetado.
Ese tratado, negociado por el gobierno del presidente Carlos Salinas, fue resultado de la protesta por el secuestro de Humberto Álvarez-Machain, a quien la DEA acusó de mantener con vida a su agente Enrique Camarena para que lo torturara el Cártel de Guadalajara en 1985, que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos. Previamente, el presidente Miguel de la Madrid ordenó que los agentes de la DEA tendrían que ser identificados como tales, sin disfrazarse de diplomáticos. A finales de 1992, un juez federal en Los Ángeles ordenó que Álvarez Machain fuera repatriado a México.
Aunque no se sabe sobre qué bases legales mantiene Estados Unidos a Zambada preso en Brooklyn, sujeto a proceso, es posible que su argumentación se centre en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de junio de 1992, cuando al señalar que no era importante el método que se hubiera empleado para llevarlo ante la ley estadounidense, estableció el controvertido principio de la extraterritorialidad. Hay otro delito que se cometió contra las leyes migratorias, ignorado por Estados Unidos: Zambada entró de manera ilegal a Estados Unidos, por tanto es indocumentado y debían haberlo deportado. Es el único “criminal”, como definió la vocera de la Casa Blanca recientemente a los indocumentados, a quien no quieren deportar.
En su carta, Zambada urgió al gobierno de México a intervenir para que su asunto “no resulte en un colapso en la relación bilateral porque no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades” estadounidenses. ¿Qué significa esto? Como hipótesis de trabajo se pueden plantear las siguientes:
1.- Información sobre la participación del FBI y el área de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna, una oficina poco conocida que tiene bajo su responsabilidad combatir internacionalmente el crimen y el terrorismo, en su captura.
2.- Detalles del presunto acuerdo de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López con el gobierno de Estados Unidos para facilitar su detención y traslado a Estados Unidos, a cambio de beneficios y la posibilidad de que los dos últimos sean testigos cooperantes del Departamento de Justicia.
3.- Información de su larga cooperación con la DEA en México, que incluye haberles entregado información sobre El Chapo Guzmán que llevara a sus capturas, y sobre otros líderes criminales rivales del Cártel de Sinaloa.
4.- Información sobre sus nexos con gobernadores, líderes de Morena y altos funcionarios del gobierno anterior, incluido un presunto encuentro con López Obrador en la Sierra de Durango.
5.- Información sobre presuntos financiamientos de campañas presidenciales.
Esto es una doble amenaza en la carta contra ambos gobiernos, además de una advertencia a la presidenta Sheinbaum. “La pasividad que ha mostrado el gobierno mexicano refleja la subordinación de México ante los Estados Unidos… y si el gobierno de México no actúa…, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”, apuntó. “Además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía interviniendo para la detención de cualquier persona incluso políticos o funcionarios del Gobierno para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”.
La carta de Zambada revela un sentir de abandono legal por parte del gobierno de México, que explica el énfasis en su exigencia y planteamiento de lo que puede hacer si no actúan. La presidenta está en un dilema donde no gana bajo ningún escenario. El tiempo para defenderlo legalmente, políticamente ya expiró, y hacerlo ahora llevaría a la pregunta del porqué no se hizo en su momento. Mantener el discurso de reclamar información sobre cómo fue la captura sin ir a nada más, agudizará la nueva crisis que abrió El Mayo. Difícilmente Estados Unidos lo repatriará -¿qué podría darle a cambio Sheinbaum?-, por lo que hoy no se ve nada en el horizonte salvo la mecha prendida en la bomba.
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