Mientras las empresas privadas nacionales y transnacionales se defienden en los tribunales y redes sociales, el Gobierno Federal emprendió una iniciativa que fija en un memorándum fechado el 22 de julio pasado, en el cual se plantea una serie de instrucciones a los órganos reguladores del sector energético.
El memorándum inicia con una narrativa de crítica a lo realizado desde hace más de tres décadas, señalando que en en el marco de la “política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza y de la industria eléctrica nacional”, plantea en su parte inicial el documento sin membrete.
Y puntualiza la necesidad urgente de “profundizar en los cambios iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de nuestra nación”.
De ahí pasa a exponer los compromisos, acciones y cambios que deben hacerse tanto en las empresas públicas, como en los órganos reguladores y entre otros enfatiza:
- Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, el disesel, el gas y la electricidad.
- Alcanzar la autosuficiencia energética.
- No exportar petróleo, sino extraer solamente el que se necesita para las refinerías del país y dejar de importar combustibles.
- Priorizar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas de generación eléctrica para satisfacer la demanda del sureste del país, en particular la Península de Yucatán, además de dar suficiente energía a la Península de Baja California.
- Potenciar la generación en las hidroeléctricas del país.
- Pemex y CFE deben reconocer contratos suscritos en administraciones anteriores, siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de las empresas públicas ni de la nación.
- De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las pruebas.
- Supresión de subsidios a empresas privadas del sector energético.
- El sistema eléctrico nacional debe alimentarse en este orden: a) generación hidroeléctrica, b) generación de otras plantas de CFE, c) energía solar y eólica, y d) energía de ciclos combinados privados.
- Reitera que, en generación eléctrica, la participación privada no podrá superar el tope de 46% del consumo nacional.
La batalla continua, pero ahora hay un ingrediente nuevo, las declaraciones de Lozoya, sobre los sobornos para que se aprobara la reforma energética y por tanto, es cuestionable la serie de contratos y beneficios que obtuvieron las empresas privadas en el sector energético.
Mientras los diversos tribunales que ventilan las demandas, tendrán que analizar a fondo la cuestión energética y por supuesto, hacerlo en el marco de la ética pública. Además de poner a prueba, sí en verdad el interés público está por encima del interés privado, tal cual reza la constitución política de los estados unidos mexicanos y el conjunto de leyes que componen nuestro sistema jurídico.
