El agua, más que un simple recurso, es el elemento vital que ha sostenido civilizaciones, culturas y ecosistemas a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy nos hallamos al borde de una crisis sin precedentes, exacerbada por decisiones y políticas que amenazan el equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza.
El sistema de derechos de agua, originalmente concebido como un marco de equidad para garantizar un acceso justo y sostenible, ha sufrido erosiones significativas en tiempos recientes. Durante la administración federal presente, hemos presenciado políticas y decisiones que, lejos de aclarar, han creado divisiones y confusión.
En busca de atraer inversiones y potenciar el desarrollo industrial, las regulaciones para la extracción y uso del agua se han flexibilizado. Esta relajación ha permitido que corporaciones, con frecuencia indiferentes a la sostenibilidad, adquieran derechos de agua, eclipsando las necesidades de comunidades y ecosistemas locales.
Los proyectos y permisos, en vez de fundamentarse en investigaciones y datos sólidos, parecen guiarse por intereses políticos o económicos efímeros. Esta orientación ha propiciado un clima de incertidumbre y ha generado disputas entre usuarios tradicionales y nuevos solicitantes.
Los antes santuarios naturales, ahora están bajo la mira de proyectos de desarrollo sin un análisis social y ambiental riguroso. Manantiales, ríos y cuencas, vitales para la regeneración de nuestros acuíferos, están bajo amenaza constante.
La política actual desfavorece prácticas de uso eficiente del agua, inclinándose hacia una explotación desenfrenada. Sin incentivos para conservar ni penalizaciones para el desperdicio, la crisis sólo se agudiza.
Tomemos, por ejemplo, proyectos como El Tren Maya, objeto de críticas por sus probables impactos en áreas naturales y acuíferos. O la refinería Dos Bocas en Tabasco, con inquietudes sobre su impacto en zonas húmedas con elevada biodiversidad. O aún, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, señalado por sus posibles repercusiones en el sistema hídrico esencial para la Ciudad de México.
Adicionalmente, el recorte en presupuestos para áreas protegidas y conservación ambiental restringe la capacidad de proteger nuestros ecosistemas y, con ello, nuestras fuentes de agua. Estas políticas y decisiones reflejan no solo una desconexión con la realidad ambiental, sino una visión a corto plazo.
Nuestra relación con el agua es reflejo de nuestra relación con el futuro. Al desproteger y malversar este recurso, no solo nos enfrentamos entre nosotros, sino que comprometemos la esencia misma de nuestra existencia. La urgencia es clara: es momento de reevaluar, replantear y revalorizar nuestro vínculo vital con el agua, antes de que las consecuencias sean irreversibles.
