Al inicio de esta semana la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) rompió su habitual tono institucional para alzar la voz en defensa de un principio que es columna vertebral de su existencia: la autonomía universitaria. A través de un desplegado difundido en redes sociales, la máxima casa de estudios del estado denunció lo que constituye un atropello inaceptable: la presentación de una iniciativa de reforma a su Ley Orgánica por parte del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local, sin consulta previa, sin diálogo, y con un desaseo político que ya empieza a ser la marca de agua, tanto del oficialismo como de la oposición, en Querétaro.
Detrás de este intento de amague legislativo no hay una genuina preocupación por mejorar la vida universitaria, sino una clara intención de intervenir en la vida interna de una institución que ha sido históricamente crítica, libre y comprometida con las causas sociales, incluso cuando estas han incomodado al poder político en turno. Lo que se pretende disfrazar como modernización normativa, no es sino una forma de control disfrazado de reforma.
La Ley Orgánica de una universidad pública es mucho más que una pieza jurídica: es el instrumento que garantiza que sus decisiones se tomen desde dentro, por su comunidad, y no por agentes externos con intereses ajenos al quehacer académico. La UAQ ha construido, a lo largo de décadas, un modelo participativo que, con todo y sus imperfecciones, refleja el espíritu democrático universitario: elecciones de rectoría organizadas por el propio Consejo Universitario, discusión abierta de los asuntos internos y una vinculación real con las necesidades de la sociedad queretana.
La iniciativa presentada por diputadas de Morena y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local ignora este modelo. No fue discutida ni con las autoridades universitarias ni con los representantes del Consejo Universitario, ni con los sindicatos, ni con los estudiantes. Fue redactada en lo oscuro, y presentada con prepotencia, sin invitación al diálogo. Un acto profundamente autoritario, disfrazado de una actualización en materia de paridad de género.
Más allá del contenido puntual de la propuesta —que aún debe ser analizado a fondo— el problema es el procedimiento, la forma, la falta absoluta de cortesía republicana. No se trata de si una ley es reformable o no, sino de cómo se construyen los cambios cuando se toca la vida de una institución autónoma. Si el Congreso local puede reformar la Ley Orgánica de la UAQ sin escuchar a la universidad, entonces ¿para qué existe la autonomía?
No deja de ser irónico —y alarmante— que el mismo partido que a nivel federal se dice defensor de las universidades públicas, y que ha hecho bandera del acceso gratuito a la educación superior, pretenda hoy en Querétaro vulnerar las bases institucionales de una de las universidades más prestigiadas del país. La 4T practica un doble discurso: exalta la autonomía cuando le sirve para atacar a sus adversarios, pero la pisotea cuando una universidad, como la UAQ, no se subordina políticamente a su proyecto.
Este no es un hecho aislado. En otras entidades federativas, legisladores morenistas han impulsado iniciativas similares contra universidades autónomas: en Hidalgo, en Sinaloa, en Baja California. Se trata de una estrategia política disfrazada de reforma: tomar el control de las estructuras internas mediante cambios legislativos que modifican los mecanismos de elección o gobernanza universitaria.
En Querétaro, el intento es especialmente grave, porque se da en un contexto donde la UAQ ha sido una de las pocas voces críticas de todos los partidos, incluso en temas como las políticas sanitarias, el presupuesto educativo y la defensa de los derechos humanos. La universidad ha sabido mantener una sana distancia del poder, y por ello, resulta incómoda. Y eso, al parecer, es lo que se busca castigar.
Mas aún cuando el autor no oficial de la reforma, un excandidato al senado del PT, tiene vínculos con grupos de choque al interior de la propia universidad y que buscan desprestigiar el buen trabajo de la Rectoría. No es posible volver un botín de guerra a la UAQ, ni mucho menos pensar en convertirla en un fracaso como las universidades del bienestar que promueve Morena y la 4T.
La responsabilidad política de este atropello no recae únicamente en Morena. La Legislatura del Estado de Querétaro, en su conjunto, ha caído en un vergonzoso deterioro institucional. Es público y notorio que no hay trabajo legislativo de todos los grupos parlamentarios, y que lejos de ser un poder equilibrante, el Congreso se ha convertido en una hoguera de vanidades y en un campo de maniobras políticas menores, donde los acuerdos se toman al margen del interés público.
La presentación de esta iniciativa, sin diálogo ni convocatoria previa, es un ejemplo más de este desaseo, y debe darse marcha atrás. Los diputados locales de Morena actúan como si la universidad pública fuera un botín que aspiran a destruir, y no una institución autónoma con historia, normas y comunidad propias. Con ello no solo dañan a la UAQ, sino que erosionan los principios democráticos del estado.
Los legisladores queretanos -y especialmente los de la 4T- tienen la obligación constitucional de respetar la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3° de la Carta Magna. Ignorar esta obligación no es solo una falta de tacto político, sino una violación constitucional que podría ser impugnada legalmente. Y debería serlo.
La respuesta de la comunidad universitaria ha sido inmediata. El desplegado difundido no es un grito aislado, sino el eco de un amplio respaldo social. Profesores, estudiantes, egresados y ciudadanos en general han manifestado su rechazo a la iniciativa. La UAQ no está sola.
Este respaldo no es gratuito. La universidad ha sabido construirse un lugar en el corazón de los queretanos. No solo es un espacio de formación académica, sino de pensamiento crítico, de cultura, de ciencia y de compromiso social. Defenderla no es un asunto corporativo, es una causa ciudadana.
La sociedad queretana debe estar alerta. Porque lo que está en juego no es un tecnicismo legal, sino el tipo de estado que queremos: uno donde las instituciones autónomas puedan sobrevivir a los vaivenes del poder, o uno donde todo quede subordinado a los intereses de un grupo político.
En un país con instituciones frágiles, la universidad pública es uno de los pocos bastiones que quedan para el pensamiento libre. La UAQ, con todas sus limitaciones, representa ese ideal de comunidad académica crítica, autogobernada, creativa y rebelde. Tocar su Ley Orgánica sin su consentimiento es no entender lo que la universidad representa.
La autonomía universitaria no es una concesión graciosa del Estado y menos de un partido. Es un derecho ganado con luchas históricas, y protegido por la Constitución. Quienes hoy intentan modificarla sin consulta ni respeto, deberán enfrentar no solo la resistencia legal, sino también el juicio ético de una ciudadanía que, aunque silenciosa muchas veces, sabe cuándo hay que tomar partido.
Hoy es tiempo de alzar la voz. En defensa de la universidad. En defensa de la autonomía. En defensa de Querétaro.
