Ya han transcurrido más de 10 años, desde el momento histórico en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el acceso al agua como un derecho humano fundamental. En aquel evento, se hizo un llamado a todas las naciones y organismos internacionales, para proporcionar recursos, invertir en capacitación y tecnología; y así, garantizar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, especialmente para los países en vías de desarrollo.
Desafortunadamente, el reconocimiento no ha sido suficiente. A pesar de ser considerado un derecho indispensable para el desarrollo sostenible, la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente; hoy en día, después de 12 años, alrededor de 2200 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua. De ellos, 884 millones no tienen acceso a agua potable segura. Nos enfrentamos no solo a una cuestión de disponibilidad, sino también de calidad del agua que se consume.
Comencemos por el principio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona diariamente, para cubrir las necesidades más básicas. Sin embargo, en pleno 2023, la justicia hídrica sigue siendo una utopía. Como bien decía el jurista Domicio Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”. En este sentido, la justicia hídrica implica garantizar que cada habitante del planeta tenga acceso a agua potable segura. Este concepto implica, una amplia alianza internacional de investigación, capacitación y acción política, que conecta estratégicamente, la investigación comparativa e interdisciplinaria, sobre los mecanismos de acumulación y conflictos del agua.
Hoy, como Consejo Consultivo del Agua, tenemos la responsabilidad de priorizar la justicia hídrica. Para lograrlo, es fundamental fomentar la concientización y la formación de los profesionales del agua, así como involucrar a los líderes, usuarios y, a los hacedores de políticas, en la toma de decisiones informadas y sostenibles. Nuestro objetivo radica en apoyar las estrategias tanto de la sociedad civil, como de las autoridades, para mejorar la posición de aquellos grupos que históricamente, han tenido menos voz y derechos en el ámbito del agua. Esto implica trabajar en conjunto con las comunidades afectadas, escuchando sus necesidades y preocupaciones, así como promoviendo su participación activa en la gestión y toma de decisiones sobre el recurso hídrico.
Además, es necesario impulsar políticas y medidas concretas, que fomenten la equidad en el acceso al agua potable y saneamiento, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Esto implica establecer, programas de inversión y desarrollo de infraestructuras adecuadas, así como promover prácticas de uso eficiente del agua, el manejo sostenible de los recursos hídricos y, la implementación de sistemas de tratamiento y reutilización del agua.
¿Y cómo estamos en México? Los números son preocupantes. Entre 12.5 y 15 millones de habitantes no cuentan con acceso a agua potable. De esa cifra, 9.3 millones carecen del servicio mediante una toma en sus viviendas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Estos resultados evidencian, que no estamos cumpliendo con la premisa de justicia, que decía Ulpiano, de dar a cada uno lo que le corresponde. Por un lado, tenemos acaparamiento del recurso; y por otro lado, hay quienes carecen de acceso a él. Necesitamos innovar en el análisis de cuánta agua realmente necesitamos; y cómo garantizar que aquellos que carecen de ella, puedan tenerla, así de sencillo. Es hora de tomar acciones contundentes y, trabajar hacia un futuro en el que la justicia hídrica, sea una realidad para todos.
El crecimiento demográfico exponencial de las últimas décadas, es una señal inequívoca, de la urgencia de abordar el problema de la escasez de agua a nivel mundial. Hace 50 años éramos 3.92 mil millones de habitantes; y, en tan solo ese lapso, hemos duplicado esa cifra, alcanzando los 8 mil millones de personas el año pasado. Esto implica que un litro de agua, debe ser ahora repartido entre el doble de individuos.
Esta realidad alarmante, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad imperante de implementar medidas eficientes y sustentables, para cubrir la creciente demanda de agua. Si no tomamos acción para garantizar un suministro en cantidad y calidad suficientes, nos enfrentaremos a una escasez aún más grave en el futuro. La falta de justicia hídrica, se hace cada vez más evidente, ya que, con los modos de producción y de manejo de los recursos hídricos actual, cada vez habrá menor disponibilidad de agua potable para ser distribuida equitativamente entre la población mundial.
Las matemáticas no nos engañan y, los números nos hablan de una realidad ineludible. Es urgente que todos los actores involucrados, desde los gobiernos hasta la sociedad civil, asuman su responsabilidad en la protección y gestión sostenible del agua. Esto implica, promover la conservación de las fuentes de abastecimiento del recurso, la implementación de tecnologías eficientes, la captación y reutilización del agua, así como la educación y concientización de las personas, sobre la importancia de un uso responsable.
La escasez de agua, es un desafío global que requiere de una acción conjunta y decidida. No podemos esperar a que la situación empeore, aún más para tener que tomar medidas drásticas. Es hora de que nos comprometamos, a construir un futuro en el que la justicia hídrica sea una realidad, en el que cada ser humano tenga acceso a agua potable y segura, ya que, si no actuamos ahora, estaremos hipotecando el bienestar de las generaciones futuras y, poniendo en riesgo la los sistemas de soporte del planeta.
