La Junta de Gobierno de la UNAM siempre ha decidido quién será el nuevo rector atendiendo a la circunstancia nacional.
La UNAM es un centro político y neurálgico en nuestro país.
De muchas formas la UNAM representa un frente sumamente importante en la defensa de los principios de México, desde los constitucionales hasta los de carácter democrático.
Al designar un nuevo rector la Junta de Gobierno de la UNAM no puede convertir el proceso en una sucia guerra de pandilla. Permitir que ello ocurra representaría una degradación de su condición de ser una parte fundamental de la conciencia nacional.
Dejar en la lista de posibles a Sergio Alcocer despertó un sinnúmero de sospechas de que no existe piso parejo en la elección del nuevo rector de la UNAM.
Desde el inicio de la auscultación universitaria, llamó la atención que seis integrantes del staff del rector: Leonardo Lomelí, Patricia Dávila, William Lee, Luis Álvarez Icaza, Imanol Ordorika y Guadalupe Valencia, se inscribieran al proceso y participaran sin dejar sus cargos. Pensar que la mitad del equipo de Graue coincidió en la aspiración y se animó a competir sin el permiso, o el aliento de su jefe, sería una ingenuidad.
Cuando la Junta de Gobierno hizo su primer corte y dejó vivos a los seis colaboradores de Graue, elevó al 60 el porcentaje de candidatos del rector.
Lo más grave es que la Junta de Gobierno fue confeccionada con la mano de la rectoría. Y es que se torna una torpe actitud si se considera que 14 de los 15 integrantes del “grupo de notables” fueron electos al cargo durante la época Graue, la sospecha de que la existencia de una conducta mafiosa por la pandilla que obedece al actual Rector creció.
Se empezó a decir en grupos de universitarios de personalidad académica muy respetable que “algo estaba oliendo mal en Dinamarca.”
A estas alturas es evidente que los miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM, o no saben cuál es su papel ni el tamaño de su responsabilidad, o definitivamente han sucumbido al juego de las camarillas.
La Junta existe para abonar a la gobernabilidad de la Universidad evitando cualquier injerencia, incluida la del rector en turno, que privilegie intereses políticos o de grupo, en el proceso de selección de las autoridades universitarias; la máxima autoridad universitaria es el Rector.
La Junta de Gobierno sirve justo para equilibrar el poder y frenar la influencia del Rector, no para ser obsequiosa con él, como ha sido en el actual proceso.
Avalar el juego de intereses de grupo que promueve Graue, abonará a dinamitar la dañada gobernabilidad de la UNAM, que hoy tiene a más de 100 mil universitarios sin clases presenciales por tomas y paros, mientras el equipo del rector está en campaña.
Eso no es todo. Si la Junta acaba de respaldar el continuismo del grupo que actualmente controla la institución desde la rectoría, ignorará las advertencias del presidente López Obrador.
Eso llevará a la institución a un inevitable choque con la 4T, que podría implicar, de entrada, una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM para eliminar a la propia Junta de Gobierno, y establecer la elección del rector por medio del voto directo, universal y secreto, tal como le gusta a la 4T y como AMLO y Claudia Sheinbaum lo proponen para la Suprema Corte y el INE.
Así están las cosas de revueltas en la sucesión de rector en la UNAM, provocadas por la actuación parcial y llena de favoritismos de la Junta de Gobierno como si el país no tuviera ya bastantes problemas por resolver.
