Grupo de litigación penal de la PROFEPA logra acuerdo reparatorio penal como representantes de la víctima colectiva ambiental.
Imputado deberá reforestar sitio afectado tras desmonte de 6.5 hectáreras de terrenos forestales para realizar un desarrollo inmobiliario.
Contará con un plazo máximo de 2 años 6 meses para dar cumplimiento a las medidas compensatorias.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que un Juez Federal ordenó a un particular, la reparación total del daño ambiental causado en un predio colindante a la zona conocida como Peña Colorada, Ejido Jurica, Querétaro, por el desmonte de 6.5 hectáreas de terreno forestal.
Durante una audiencia de suspensión condicional de proceso a prueba, el Juez de la causa reconoció el carácter de parte ofendida de la PROFEPA en defensa de la garantía de un medio ambiente sano, respecto a un Delito contra la Biodiversidad contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal.
El fallo judicial tuvo lugar el martes 8 de agosto por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, con lo que se culminó la denuncia penal promovida por la PROFEPA en junio del año pasado.
En el marco del sistema penal acusatorio, el imputado solicitó al Juez de Control un mecanismo alternativo de solución de conflictos, dictándose la suspensión condicional mediante la cual se logró acordar la reparación del daño ambiental causado.
Tras el debate con abogados especializados en litigación penal de la PROFEPA, EL Juez de Distrito Especializado en Juicio Oral ratificó durante una audiencia que la afectación de uso suelo de terrenos forestales para la realización de un presunto proyecto habitacional, se realizó sin contar con las respectivas autorizaciones federales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Después del análisis del Plan Reparatorio elaborado por el área pericial central de la PROFEPA, se estableció que se deberá reforestar el predio afectado en su totalidad y el imputado contará con un plazo máximo de 2 años 6 meses para dar cumplimiento a las condicionantes dictadas por el juez federal. El fallo judicial establece también que las medidas de reparación serán verificadas y evaluadas por la Procuraduría al término del periodo concedido a efecto de determinar el grado de cumplimiento.
La intervención de esta Procuraduría, a través de su grupo de litigación especializado en sistema penal acusatorio, respondió además por la cercanía y grado de afectación causado en una zona de alta importancia forestal para la Federación y la entidad, como lo significa Peña Colorada y sus terrenos colindantes.
A través de estas acciones la PROFEPA se compromete con la protección ambiental a través del sistema penal acusatorio
POR: REDACCIÓN
