ANTORCHA CAMPESINA
Es común que, a los políticos, humildes y amables cuando quieren trascender, y arrogantes y prepotentes cuando asumen algún puesto por pequeño que sea, no les guste la crítica. Así pasa con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se muestra intolerante con quienes no concuerdan con él en lo tocante a sus ideas religiosas, políticas y hasta morales. Su conducta y su manera de conducirse hacia los mexicanos está lejos de ser la de un jefe de estado pensante, educado, racional en el más mínimo grado, no escucha propuestas y menos críticas. Ni siquiera ante sus colaboradores acepta la posibilidad de estar equivocado, cree que solo lo que él piensa, dice y hace es correcto, y todo el que opine distinto o critique, está contra él y su gobierno.
Si alguien sabe de críticas es precisamente él, que ha sido uno de los principales críticos de todos los gobiernos pasados, desde Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, hasta Enrique Peña. Critica al “PRIAN”, como los llama él, y critica igualmente, a los banqueros, empresarios, Casas de Bolsa, empresas calificadoras, medios informativos como el periódico Reforma, Proceso y otros más. Critica “ácidamente” también a los sindicatos y a todo aquel que no coincida con sus datos, con mayor razón a la gente de abajo, al pueblo que con pancartas en mano, acude a él para reclamar apoyo y hasta a sus propios colaboradores a quienes ha despedido por pensar distinto a él.
Cito tres casos a manera de ejemplo de despidos o renuncias de funcionarios ocurridas por pensar y opinar distinto al López Obrador. Germán Martínez Cázares, presentó renunció a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejando en claro los problemas que había enfrentado para conducir por buen camino al instituto. La injerencia perniciosa de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que obligan al instituto a hacer ahorros, a aplicar recortes de personal y a implementar un rediseño institucional en el que importa más el cargo que el encargo. En una parte de su carta, Martínez Cázares denuncia: “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. El presidente, en lugar de reconocer y corregir, arremetió contra su excolaborador a quien acusó de traidor y de abandonar la cuarta transformación.
La renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien criticó severamente al gobierno lopezobradorista por tomar decisiones sin sustento, por permitir la ingerencia de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública y por considerar que existe conflicto de interés. Esos fueron los graves argumentos de Urzúa para dejar el cargo. El presidente, lejos de contestar con la responsabilidad de manera responsable, lo hizo como un chamaco peleonero, acusándolo de falta de compromiso con la izquierda, de ser impulsor del continuismo neoliberal y de dejar de lado su cuarta transformación.
El despido de Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se dio después de que éste publicó la información en la que da a conocer datos reales sobre las consecuencias que de las malas políticas de austeridad diseñadas por el gobierno federal. Aunque Andrés Manuel ha comentado que ese despido lo decidió un mes antes de que Hernández Licona anunciara públicamente su separación del cargo, el director del organismo fue informado sorpresivamente, un día antes, que debía dejar el cargo porque “su ciclo había terminado”, debido a que llevaba ya 13 años en el cargo. Insultante y falta de respeto la argumentación del presidente.
La interrogante de una gran cantidad de mexicanos arrepentidos de haberle confiado su voto es si corregirá su actitud dictatorial, porque, no conforme con sus pésimos resultados en el crecimiento económico que apenas alcanza el 0.5 por ciento, del 4 por ciento prometido, se suman, entre muchos otros abusos, los hechos de Baja California, donde Jaime Bonilla, gobernador electo convenció a “billetazos” al congreso local para gobernar 5 años en lugar de los 2, para los que fue electo, de acuerdo con la ley, el castigo con cárcel por hasta 20 años a quienes protesten con marchas y plantones en el Estado de Tabasco, con la llamada “ley garrote”.
