ANTORCHA CAMPESINA
El pueblo, negocio de diputados
Según el índice de Percepción y Corrupción que presenta Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 123 de 176 países en actos de corrupción cometidos por empresas y funcionarios públicos, y ha estado de moda en los últimos años por quienes intentan aparecer ante la sociedad como personas honestas, merecedoras de ocupar puestos de elección, hablar de la creación de un sistema anticorrupción. Desde 2015 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Según este dictamen, los objetivos de la ley son establecer una coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades y los municipios, así como la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
Las faltas administrativas que se consideran graves son: cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.
Las sanciones que se consideran son la suspensión o destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal hasta por 10 años.
Los representantes de todas las bancadas, en el Congreso de la Unión: PRI, PAN, PRD, MORENA y PVEM estuvieron de acuerdo en que había que acabar con la corrupción. La diputada Ernestina Godoy Ramos, de MORENA, por ejemplo, luego de criticar que el Sistema Nacional Anticorrupción carece de instrumentos efectivos para prevenirla y combatirla, dijo: “Tenemos que extirpar la corrupción y evitar simulaciones; el mensaje de la sociedad es claro y Morena asume la responsabilidad de luchar por extirparla de raíz, con medidas que vayan al origen del problema”.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del PVEM, subrayó: “la corrupción es un mal que deja una estela de conductas que daña las instituciones, trasgrede derechos y condiciona el crecimiento económico, social y político”. Y mientras todos los partidos se dan golpes de pecho, en días pasados una investigación realizada por EL UNIVERSAL a partir de datos notariales dejó al descubierto –nada raro- que la administración federal ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas propiedad de congresistas nacionales de la LVIII Legislatura, o en las que ellos o sus familiares tienen participación accionaria. Entre los diputados vinculados a las empresas beneficiadas por partidas federales se encuentran Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, con 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo, Encuentro Social, 294 mdp; Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, PAN, 93 MDP; María Guadalupe Alcántara Rojas, PRI, 90 mdp y Alfredo Anaya Orozco, PRI, 67 MDP.
También se ha dado a conocer que han hecho negocios en la actual administración, empresas vinculadas a los senadores Roberto Gil Zuarth y Héctor D. Flores, del PAN; Zoé Robledo, de Morena; y Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, del PRI. Están en la lista los diputados César Camacho Quiroz, Andrés Aguilar Romero, Jorge Enrique Dávila, Ricardo Ramírez Nieto y Gianni Raúl Ramírez Nieto, del tricolor, así como Rocío Matesanz Santamaría, del PAN. A partir de datos notariales, referencias patrimoniales y Compranet, se revela que las firmas que recibieron más fondos federales fueron las contratistas del sector salud Lomedic SA de CV y Laboratorios Solfran SA de CV, propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, quien ha sido señalado como uno de los principales sostenes financieros de las actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador, las cuales han facturado 505 MDP en contratos con el IMSS, ISSSTE, Pemex y Secretaría de Salud, entre otras dependencias federales.
¿Cómo hacen estos señores legisladores, hipócritas promotores de la honradez para “carrancearse” tan fácilmente el dinero del pueblo? ¿Desconoce esto el gobierno? ¿Para qué entonces tanto “mitote” con el Sistema Nacional Anticorrupción? Lo dicho, la corrupción es un mal inherente a nuestro sistema en descomposición y un motivo más por el que hay que depositar el poder de la patria en manos de una nueva clase, que vea por un México más justo y más equitativo.
