Para que las inversiones que se necesitan para el país en materia energética se consoliden es necesario garantizarles certidumbre, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En un análisis, el Instituto expone que las inversiones que se han realizado en el sector energético están lejos de ser suficientes para cubrir la creciente demanda de energía.
Además, en un contexto donde las finanzas públicas están presionadas para destinar más recursos, es necesario aprovechar todas las oportunidades de financiamiento para nueva infraestructura.
En cuanto a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Imco señaló que es urgente que tengan las condiciones para generar valor económico y un mejor servicio público.
“México enfrenta retos en materia de seguridad y transición energética. La demanda eléctrica crece por encima del desarrollo de nueva capacidad, las energías renovables no se han desplegado al ritmo que requieren los compromisos internacionales del País, y las redes eléctricas padecen de subinversión crónica desde hace décadas, mientras que la petrolera del Estado sufre de problemas tanto operativos como financieros.
“Las posibilidades de desarrollo económico y bienestar para los próximos años dependen en buena medida de atender estos desafíos a partir de políticas públicas que permitan un acceso a insumos básicos que sea seguro, eficiente, limpio y fiscalmente responsable”, apunta el análisis.
Con la reforma constitucional en materia energética que se discutirá los próximos días, el Imco pide señalar las diversas implicaciones en la política de ese sector.
Por ejemplo, dijo, los riesgos potenciales de incertidumbre jurídica y limitaría las inversiones, no solo del sector energético, también de la economía en general.
Además se desincentiva la entrada de nuevos competidores en el mercado de generación y los incentivos a la eficiencia para la reducción de costos.
“El Gobierno federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica.
