Tras acreditar que no hubo una adecuada atención a los riesgos que implicaba la obra del Paso Exprés que derivó en un accidente donde murieron dos personas, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso administrativo contra tres funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aunque determinó reservar los nombres por respeto al principio de presunción de inocencia.
Al presentar algunos avances sobre la indagatoria que realiza para deslindar responsabilidades de servidores públicos, la dependencia que encabeza Arely Gómez, refirió que cuenta con comunicaciones enviadas por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, relacionadas con posibles riesgos de la obra.
“Al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó la probable responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes ya han sido notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. En respeto al principio de presunción de inocencia, no se hacen públicos sus nombres y cargos”, informó.
Detalló que se investigan probables responsabilidades administrativas de servidores públicos federales, aunque no están excluidas otras líneas de acción relacionadas con servidores públicos del orden estatal y municipal.
Precisó que está en curso auditoría a la obra del Paso Exprés, y del Centro SCT Morelos, cuya información incluye la documentación de la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas; los Estudios de Mecánica de Suelos; y el Proyecto Ejecutivo Bitácoras de Obra, entre otras.
De igual forma, la investigación incluye los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con la obra, como las modificaciones al proyecto que contaron con la autorización de la unidad administrativa competente, y se lleva a cabo una revisión de obra pagada no ejecutada.
Además, se revisan los contratos celebrados entre la Administración Pública Federal y las empresas relacionadas con la obra, esto a través de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades.
“En éste, como en todos los asuntos de su competencia, la SFP refrenda su compromiso de investigar, de manera exhaustiva, cualquier acto que se aleje de los principios de legalidad, honradez, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, e imponer las sanciones correspondientes”, concluyó el comunicado.
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