La señora presidente ha decidido que en su sexenio se hará un millón de viviendas. No se sabe por qué un millón ni cuanto es el déficit de vivienda por estado o si será como antes que las familias, sin importar su tamaño ni necesidades se tendrán que adaptar a la casa que el gobierno construya.
Cifra rotunda y arbitraria decidida en la misma forma como se decidió construir el Tren Maya o destruir el Seguro Popular y el sistema de salud o desmantelar el Poder Judicial. Simplemente porque así lo quiere, sin importar las consecuencias. Tampoco le pareció importante que las finanzas nacionales, con el mayor déficit de la historia, no pudieran sufragar el despropósito.
Desde el sexenio anterior descubrieron que existen bolsas de dinero fuera de la bolsa presupuestal del gobierno de las que se pueden apropiar, como los fideicomisos del Poder Judicial o los fondos de las afores de las personas mayores de 70 años, y por qué no, de los ahorros para vivienda de los trabajadores en el INFONAVIT.
Pero resulta que a estos últimos no les puede echar mano porque quien decide el manejo de ese dinero no es el gobierno sino quienes lo aportan, es decir, los obreros, los patrones y el gobierno en forma paritaria, entonces, vamos a reformar la ley que para eso está el Congreso a sus órdenes y dispuesto, para que sea el gobierno el que decida cómo se aplicará esa bolsa que contiene dos billones de pesos, con los cuales construir el millón de viviendas de la ocurrencia presidencial.
Hasta ahí parece un asunto de dinero, una disposición arbitraria de fondos ajenos para ponerlos al servicio de la política clientelar del Movimiento de Regeneración Nacional, pero en el fondo subyace algo de mayor calado que es la presencia omnímoda del gobierno en todas las esferas sociales y económicas, algo parecido al estatismo, pero con variantes sustanciales.
En el estatismo, es precisamente el Estado el que controla y predomina por sobre todas las entidades sociales, pero en este caso, es solo el poder ejecutivo, que es una parte del Estado ya que este se conforma con los tres poderes y las instituciones que en conjunto debieran gobernar el país.
En los hechos, el Poder Ejecutivo está absorbiendo todo el poder del Estado adquiriendo características de autocracia. Ya han desaparecido las instituciones que se desempeñaban como controles o contrapesos de la discrecionalidad política gubernamental y las que subsisten, como el INE, se han colonizado o cooptado como es el caso del Tribunal Federal Electoral o la misma Auditoría Superior de la Federación.
En la ecuación para la concentración de poder y su ejercicio omnímodo y totalitario faltaba el INFONAVIT y van por él. Es claro que en el proyecto del movimiento que tanto busca proteger desde la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, lo importante es concentrar el poder para imponer su voluntad y actuar de acuerdo con sus propios intereses sin preocuparse mucho por las consecuencias.
En el caso INFONAVIT, como en el caso de los órganos autónomos y el poder judicial, el argumento es nuevamente el de la corrupción. Públicamente se exhibió que había una red de notarios y funcionarios que vendían las casas varias veces sin que esto fuera sancionado por las autoridades del INFONAVIT y con ello pretenden justificar la necesidad de una mayor intervención del gobierno. El gobierno ya tiene una tercera parte en las decisiones colegiadas y es por lo tanto también culpable de la desatención y darle más peso a su participación no garantiza que se eviten y/o se castiguen los actos de corrupción.
Para combatir la corrupción no hace falta cambiar la estructura de ningún organismo ni desaparecerlo, basta con perseguir y castigar a los responsables y eso se puede hacer desde la estructura actual.
Todo es simulación, truco de prestidigitador para ocultar la verdadera intención de instaurar un gobierno autocrático, omnímodo e ineficiente. A la pretendida Cuarta Transformación y el cambio de régimen que anuncian no se le nota lo positivo, solo se ve una nueva clase política reproduciendo viejos vicios de la democracia mexicana, una gran simulación y un enorme dispendio de recursos puestos a favor de un movimiento que solo ha demostrado una gran ambición de poder y cero capacidades de gobierno.
Es inevitable asociar este empeño con instituciones fallidas como el INSABI, o la creación de SEGALMEX, o el soñado sistema aeroportuario que habría de sustituir al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, implementados con prisa y sin diagnósticos o estudios previos, todos fracasos estrepitosos con un alto costo para las finanzas públicas.
Será cosa de tiempo ver el derrumbe del INFONAVIT, si se confirma en el Congreso la intención presidencial. La vocación autocrática del régimen lo hará posible.
