El efecto de la inflación que golpea con especial dureza en los últimos meses está haciendo tambalear los sistemas de pensiones de las principales economías de América, que enfrentan la crisis con diversas estrategias que, a buen seguro, requerirán esfuerzos adicionales.
La revalorización de las pensiones se verá afectada en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, países que a pesar de tener modelos distintos coinciden en una circunstancia: todos acusan el impacto de la subida de los precios y servicios derivada de la guerra en Ucrania, la pandemia, el aumento de las tarifas del transporte y la energía y los desajustes en la cadena de distribución global.
En Colombia, Mauricio Olivera, vicerrector académico de la Universidad de los Andes en Colombia y gerente general de Econometría Consultores, explica que las dos crisis -la pandemia y la inflación- están sacudiendo sobre todo a los países más débiles fiscalmente y ponen en riesgo los sistemas de pensiones a mediano y largo plazo, además de que algunos de ellos ya arrastraban fallas desde hace tiempo.
En México, un trabajador formal promedio recibe menos del 30 por ciento de su salario cuando se jubila, por debajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según un reporte del Banco de México, lo que está llevando a algunos sectores a reclamar la eliminación del sistema privado de pensiones.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado nuevas reformas tras la promulgada en 2021, que aumentó en un 40 por ciento el ingreso de los jubilados, redujo el requisito de 25 años de cotización a 15 e incrementó el aporte total del Estado y las empresas a la pensión del 6.5 por ciento al 15 por ciento sin aumentar la cuota de los trabajadores.
En Estados Unidos, los ingresos para los pensionados dependen de diferentes fuentes, como pagos de la Seguridad Social o fondos de pensiones, y no se espera, por lo general, que se reduzcan a una sola.
Ante tasas de inflación que no se veían desde la década de 1980, los beneficios de la Seguridad Social, un sistema público de pagos que se nutre de contribuciones obligatorias, contempla aumentos mensuales según las subidas de la inflación. Pero esto no es suficiente: los incrementos van del 2 por ciento al 3 por ciento anual, muy por debajo de la tasa de subida de los precios, que fue del 8.3 por ciento en agosto.
En tanto en Brasil Congreso aprobó en 2019 una reforma que impuso la edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente. Hasta entonces, los brasileños se jubilaban con poco más de 50 años, puesto que el sistema permitía hacerlo tras contribuir durante al menos tres décadas.
En 2021, el sistema de pensiones sufrió una reducción nominal del 4.6 por ciento frente al año anterior.
En Colombia existe un sistema mixto de pensiones que permite a los trabajadores cotizar en la estatal Colpensiones, bajo el sistema de prima media, o en los fondos privados, que funcionan desde 1993 como cuentas individuales de capitalización que reciben los aportes del trabajador y determinan el monto de la pensión.
El presidente Gustavo Petro ha propuesto crear un nuevo sistema basado en un esquema de pilares, partiendo por el más básico, para dar mayor cobertura a las personas pobres de la tercera edad, que actualmente carecen de una pensión, y siguiendo por otros dos que varían según los ingresos del trabajador.
Al referirse al impacto de la inflación, Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana de Bogotá, explica que las pensiones tienen que mantener el valor adquisitivo de la moneda y por lo tanto han de ajustarse anualmente. “Los pensionados pueden estar tranquilos”, detalla.
Un sistema similar funciona en Perú, donde la afiliación a un sistema de pensiones es obligatoria para todos los trabajadores dependientes, que deben escoger entre el modelo privado, con al menos 20 años de cotización del 13 por ciento del sueldo o ingresos, o el público, para lograr una pensión mínima de 500 soles (unos 130 dólares).
El aumento de los precios, que hasta agosto acumula el 6.3 por ciento, ha provocado en los últimos años que las personas quieran retirar parte de sus fondos privados, lo que está generando tensiones en el sistema bancario. Ante esto, el presidente peruano, Pedro Castillo, anunció en mayo pasado la disposición de un equipo técnico que trabaje en la eterna reforma prometida.
Chile fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto: cada trabajador formal aporta el 10 por ciento de su salario mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas por el Estado que obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros en los mercados, que suman cerca del 8 por ciento del PIB chileno.
Pero en noviembre del año pasado, la pensión promedio para los hombres fue de 360 mil pesos (cerca de 360 dólares) y para las mujeres de 239 mil pesos (cerca de 239 dólares), según la Superintendencia de Pensiones, cifras inferiores al sueldo mínimo, que actualmente se ubica en los 400 mil pesos (casi 400 dólares).
En 2008, se hizo una reforma y se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 por ciento más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas, un aporte que se amplió en 2021 hasta los 185 mil pesos mensuales (cerca 200 dólares).
Los especialistas creen que este componente, llamado “pilar solidario”, es el que más podría verse afectado por las históricas alzas inflacionarias que vive el país, hoy en su máximo nivel en 14 años, con un 14.1 por ciento interanual en agosto. “La inflación ha sido un problema en los sistemas de pensiones a nivel internacional en tanto ha significado un fuerte incremento en los presupuestos fiscales”, señala Francisco Castañeda, de la Universidad de Santiago.
En Argentina, en cambio, el sistema de pensiones vigente es estatal y de reparto o solidario, es decir, se nutre con los aportes a la seguridad social de un porcentaje de los ingresos obligatorios de los trabajadores independientes y asalariados. La ley establece que la jubilación debe ser equivalente a un 82 por ciento del ingreso con el que el trabajador se retiró y además actualizarse periódicamente.
Sin embargo, según cálculos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022 -suponiendo que este año acabe acumulando una inflación del 95 por ciento-, los precios al consumidor habrán sumado un alza del 300 por ciento, mientras que las jubilaciones solo se incrementarán el 257 por ciento.
Finalmente, dadas las sucesivas crisis económicas en el país, se han aplicado medidas excepcionales llamadas “moratorias previsionales” que permiten jubilarse con menos años de aportes, pero cobrando una pensión menor.
La última “moratoria previsional” está vigente desde 2014 y, según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ha permitido el acceso a jubilación a unos 3 millones de personas que no cumplían con los requisitos para recibir el beneficio. “Si la moratoria no existiera, solo se podría haber jubilado el 35 por ciento de las personas en edad de hacerlo”, indica el informe.
Olivera concluye que ante el panorama frágil para las pensiones por la inflación, en América no se puede pensar en un sistema de pensiones independiente del laboral.
“Aquí la baja productividad laboral no es por el trabajador, es porque la formación para el trabajo en competencias y en habilidades es baja. El Estado no debe pensar solo en la pensión sino en cómo prevenir crisis mejorando el sistema laboral”, concluye.
