Desde mediados de 2020 a la fecha, se han incrementado hasta un 40 por ciento las cifras de solicitudes de medidas cautelares o de protección en el estado de Querétaro; así lo reveló magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa.
La encargada de la impartición de la justicia señaló que esto se da principalmente en casos donde se viven actos de violencia familiar; las cuales según la gravedad y el tipo, se deben autorizar de forma inmediata en casos de denuncia en juzgados familiares, o bien, en un plazo de cinco días si se trata de una denuncia de tipo penal.
“Las medidas de protección sí nos aumentaron un 40 por ciento aproximadamente. La medida de protección puede ser desde, a veces incluso el sacar al señor de la casa, llevar a la señora a algún albergue, la protección a los niños”.
Y es que Mariela Ponce reconoció que la carga de trabajo del TSJ recae en su mayoría en la Sala Familiar en primera y en segunda instancia; y recordó que entre dos salas civiles más apoyan a la sala familiar en los procedimientos.
“La materia familiar, desde la primera instancia, ha incrementado bastante. Todo lo que se ha incrementado en primera instancia se refleja también en el número de operaciones. Incluso, se creó en el 2016 una sala especializada en materia familiar, pero aun así la sola sala familiar no se da abasto”.
Ante esta problemática, Ponce Villa indicó que el mayor reto en este rubro es revisar los procesos de gestión; ya que el objetivo es disminuir los tiempos de espera, y optimizar los tiempos de los juzgados, en trámites de 3 a 4 horas poder reducirlos hasta a 45 minutos.
“Lo que estamos pensando implementar ahí es uno o dos juzgados que en un sistema de audiencias puedan atender una tras otra todas las medidas de protección urgente, y solamente lo concentraríamos en ese juzgado o en dos. Estamos en el análisis estadístico”.
Dichas nuevas medidas, señaló la magistrada presidenta del TSJ, se contemplarán aplicarse a partir del próximo año; aunque dijo esperar a revisar las condiciones en las que se aprobará el presupuesto para la dependencia, con el fin de optimizar tiempos y recursos en más procedimientos.