El combate a la impunidad es un elemento fundamental para alcanzar la solución a problemas estructurales como la violencia y la corrupción que agravan el desarrollo nacional. De igual forma, la evaluación del Estado de Derecho permite establecer un parámetro claro sobre el “modelo de orden” gracias al cual, cualquier acción de la sociedad y autoridades, está limitada por un marco jurídico que permite la sana convivencia dentro de una comunidad determinada.
A la largo de las últimas semanas, se hicieron dos importantes publicaciones que, evidenciaron el deterioro que ha sufrido el país en materia de impartición de justicia y de prevalencia del Estado de Derecho. En primer lugar, se presentó la tercera edición nacional del Índice Global de Impunidad 2022 (IGI2022), construído por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Por el otro, el Índice de Estado de Derecho 2022, realizado por el World Justice Project, el cual evalúa 140 países y jurisdicciones a lo largo del mundo. En ambos casos, México retrocede lugares, lo que evidencia los malos resultados que ha habido durante el actual sexenio.
El Índice de la UDLAP, mide indicadores como la Seguridad Pública; la Procuración de Justicia; los homicidios sin castigo; la tasa de violencia y la cifra negra (el número de delitos no denunciados). En él, más allá de los resultados nacionales, se evidencia que los ministerios públicos estatales mantienen un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país. México tiene cuatro veces menos jueces (4.36) que el promedio a nivel mundial (17.83). Todo esto implica que, especialmente a nivel estatal, se carezca de capacidades institucionales que les permitan establecer políticas de seguridad y acceso a la justicia adecuadas.
Aún cuando el número de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes, incrementó recientemente de 3.5 a 4.36, el país se mantiene lejos de los promedios internacionales. De hecho, con el actuial ritmo de crecimiento, tendrían que pasar al menos 16 años para alcanzar el promedio de América Latina y 35 años para el internacional. A esto habría que añadir que, existe un déficit de policías estatales profesionales. Con base en lo anterior, el IGI2022 enfatiza que siete estados registran un alza en la impunidad: Chiapas, Jalisco y Sinaloa, seguidas por Morelos, San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro.
En segundo término, el Índice Global de Estado de Derecho (IGED-WJP), elaborado por la organización internacional World Justice Project, señaló que México se ubica en el sitio 115 de 140 naciones evaluadas, apenas por arriba de naciones como Bolivia, Haití, Gabón, Camerún, Cambodia y Congo. El ranking evalúa ocho aspectos: ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En una escala de 0 a 1 en donde cero representa una ausencia de Estado de Derecho y uno, una fuerte adhesión al mismo, México obtuvo una calificación de 0.42. Cabe señalar que los primeros cinco lugares por obtener las más altas evaluaciones fueron Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia y Finlandia. Esas naciones obtuvieron calificaciones entre 0.96 y 0.89.
Entre los principales hallazgos de dicho estudio, la mayor percepción de corrupción se da en el Legislativo, poder del que se cree que sus integrantes usan el cargo para obtener beneficios privados. A su vez, el sistema de justicia mexicano -principalmente la justicia penal- es percibido como poco efectivo y no libre de corrupción.
Los resultados obtenidos en ambos documentos, desnudan los escasos alcances que se han tenido en cuanto a mejoras institucionales. Se evidencia que aún cuando la línea discursiva presidencial y los ataques al pasado han sido efectivos para generar “percepciones” de cambio, en los hechos, los avances estructurales para disminuir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho, han sido limitados o francamente nulos en los últimos años.
Por ello, más allá de debates mañaneros, la #SociedadHorizontal está obligada a convocar a un amplio debate público que permita delinear las políticas públicas necesarias que mejoren el rumbo. Por encima de la politiquería, los grupos y las personas, se requiere una consolidación estructural de Estado. En lo inmediato, acordar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2023, destinados a policías estatales, ministerios públicos y jueces en las entidades federativas. El futuro de la República depende de ello.
