La industria del juego con apuestas pidió al Poder Judicial declarar inconstitucional el decreto presidencial del 16 de noviembre que prohíbe las máquinas tragamonedas y reduce la duración de los permisos de casinos, entre otras restricciones.
Al menos doce permisionarias y operadoras de casinos promovieron amparos en las dos últimas semanas de 2023, para impugnar la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), norma con la que el Ejecutivo ha controlado este sector desde el sexenio de Vicente Fox.
Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, ya admitió a trámite seis de los amparos, y en tres casos ya concedió suspensiones a las empresas Operadora Megawin, Eventos Festivos de México y El Palacio de los Números.
Las suspensiones son para el efecto de que los casinos de estas firmas sigan ofreciendo las “máquinas de sorteos de números”, nombre técnico de las tragamonedas, sin que se les aplique el decreto presidencial mientras se resuelve sobre su constitucionalidad.
Otros jueces han negado las suspensiones o han pedido aclarar las demandas de empresas como Codere, Operadora de Espectáculos Deportivos, Zitrogames y Espectáculos Deportivos de Occidente, así como de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (AIEJA).
El punto central de la reforma es la eliminación de los “sorteos de números o símbolos a través de máquinas”, eufemismo que se ha usado desde 2013 para referirse a equipos similares a las tragamonedas.
La reforma no es retroactiva, es decir, los 444 casinos que operan actualmente mantienen sus máquinas, pero solo durante la vigencia de sus permisos sin que puedan exceder quince años, aun para quienes recibieron autorizaciones para varias décadas.
Los permisos vigentes incluyen 408 casinos adicionales que no operan, y si se pretende abrirlos, ya no podrán tener máquinas de sorteos, misma restricción que aplicará para prórrogas o nuevas autorizaciones.
Las máquinas de sorteos son la principal atracción de las salas, dado que los juegos de cartas y la ruleta no están permitidos, y las apuestas deportivas se pueden hacer por internet.
El problema para los casinos es que la LFJG, que el Congreso no ha reformado desde 1947, solo autoriza el dominó, ajedrez, damas, bolos, billar, dados y boliche, además de los sorteos.
Los juicios pueden durar alrededor de un año, incluida una posible revisión final en la Suprema Corte de Justicia, que, en 2016, resolvió por unanimidad que las máquinas sí pueden ser consideradas como un “sorteo” y por tanto no violan la LFJS, ya que el resultado no depende de la habilidad del jugador.
Por tratarse de amparos, en la Corte bastaría una mayoría de tres Ministros en una de sus Salas para concederlos o negarlos, pero está por verse si se mantendrá el criterio de 2016.
En vez de buscar una reforma legal con sus mayorías en ambas Cámaras, el Ejecutivo volvió a emitir regulación unilateral por medio del reglamento, como hicieron Vicente Fox en 2004, Felipe Calderón en 2012 y Enrique Peña Nieto en 2013.
“El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores”, explicó el Gobierno en septiembre cuando publicó el proyecto.
