La propuesta y el consenso de los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón) para fijar un impuesto mínimo global del 15 por ciento, y un mecanismo para que las grandes empresas tributen en donde generan beneficio, aun sin presencia física allí, tiene entre sus finalidades detener la carrera fiscal a la baja que desde hace más de tres décadas ha impactado y reducido la recaudación a nivel mundial.
Uno de los grandes retos de su implementación, de la mano con los detalles técnicos y específicos de este impuesto, es que tenga impacto global transparente, inclusivo y representativo, tanto en las economías más desarrolladas como en las de menor desarrollo.
Por ello, la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ) ha destacado la importancia de esta inclusión, en el sentido de “revertir la distribución” de los beneficios que experimentan los países que integran el G7. Tan sólo hay que recordar que esta organización representa únicamente el 10 por ciento de la población mundial, pero se beneficia del 60 por ciento de los ingresos adicionales por recaudación, dejando el 40 por ciento de esos ingresos para el 90 por ciento de la población restante.
El desafío inclusivo no es menor, ya que los países en vías de desarrollo deberán encontrar los mecanismos idóneos para hacer oír su voz e influir en la agenda del G7 y del G20, con base en sus necesidades, para así asegurar la intervención de todas las naciones en las decisiones de estas normas fiscales.
En tal sentido, la GATJ, en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil, exigen soluciones más audaces que implementen un verdadero acuerdo internacional que no deje fuera a nadie y que represente a todas y todos.
Por otra parte, el porcentaje del impuesto mínimo global también ha generado debate. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) ha sido enfática en que el 15 por ciento propuesto no será suficiente; lo ha calificado de ineficiente e injusto; prevé que no traerá los beneficios necesarios para que a nivel global se contrarresten los efectos socioeconómicos negativos que se desencadenaron por las medidas impuestas para la contención de la pandemia de COVID-19, y ha afirmado que la tasa del 15 por ciento limitará la movilización de recursos incluso en los países del G7. Asimismo, ha subrayado que las multinacionales podrían subestimar sus márgenes de ganancia para mantenerse por debajo del 10 por ciento.
Hoy más que nunca está en juego la solidaridad multilateral. Se requieren propuestas y estrategias que permitan reconstruir la economía y el sector salud, hacia el bienestar mundial. Así, la atención se centra ahora en las próximas reuniones, en julio y octubre, de los países que integran el G20, en las cuales se prevé que se aborde el tema del impuesto mínimo global y se acuerde un consenso más amplio.
Estos encuentros podrían ser el primer paso hacia la inclusión y la representación para un reparto verdaderamente equitativo de esta herramienta fiscal. La garantía del derecho a que los países en desarrollo graven las ganancias de las empresas multinacionales generadas en sus economías continuará su ruta crítica en el plano nacional, cuando se debatan los desafíos y las oportunidades para poder convertir el impuesto mínimo global en una realidad, por medio de los marcos legales y las regulaciones locales que correspondan.
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