La revisión del T-MEC (2026) enfrenta riesgos ambientales críticos, centrados en la presión de EE. UU. por la política energética mexicana, la debilidad en la aplicación del Capítulo 24 (Medio Ambiente), y litigios como Calica que tensionan la relación. El tratado limita la soberanía ambiental mexicana ante demandas de inversión y carece de regulación severa sobre emisiones, permitiendo que el desarrollo económico prime sobre la sostenibilidad.
Entre los principales Riesgos Ambientales y Energéticos en la Revisión se encuentran los siguientes:
Tensiones Energéticas y Climáticas: EE. UU. busca presionar a México en materia de gas natural y la transición energética, buscando mayor apoyo a los combustibles fósiles.
Capítulo 24 y Sostenibilidad: Existe una brecha entre los objetivos ambientales del tratado y su implementación real, agravada por la falta de regulación sobre el cambio climático en el texto.
Desregulación Ambiental: Dada la desregulación ambiental de Estados Unidos y su salida de los organismos y compromisos internacionales como el Acuerdo de Paris, se prevee que el enfoque sea mayormente económico, por encima de lo ambiental.
Litigios de Inversión (Caso Calica): El conflicto sobre la explotación minera de Calica (ahora Sac-Tun) en Quintana Roo representa un riesgo de demanda internacional contra México por restricciones ambientales impuestas para proteger el entorno, lo que podría condicionar la ratificación del tratado en EE. UU.
Cláusula de Caducidad («Sunset Clause»): La posibilidad de modificar la cláusula de revisión para permitir la terminación automática del acuerdo genera incertidumbre, lo que podría fomentar prácticas de inversión apresuradas y de alto impacto ambiental sin evaluaciones profundas.
Debilidad en Normas Ambientales: Se percibe que el T-MEC, bajo el esquema de «actores que contaminan pueden pagar», fomenta que la protección ambiental sea secundaria frente al crecimiento económico, permitiendo que empresas continúen degradando recursos, como el agua, a cambio de medidas de compensación insuficientes.
Estos riesgos sugieren una posible intensificación de disputas si la revisión no equilibra las exigencias comerciales con un compromiso ambiental real, especialmente en el contexto de la política energética.
Por otra parte, algunas voces han expresado que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre un debate crítico sobre los mecanismos de arbitraje Inversionista-Estado y sus efectos sobre la política ambiental y los derechos humanos en México, pues, se advierte que estas cláusulas permiten a empresas extranjeras demandar al Estado por las ganancias futuras que consideran podrían haber obtenido pero por acciones ambientales no se lograran, independientemente de las inversiones reales. A lo que algunos analistas lo llaman saqueo legalizado.
Por otra parte, el sector académico opina que es importante llegar a la revisión del Tratado con una agenda socioambiental sólida, verificable, ya que, si no se gestiona bien, se corre el riesgo de ambientalismo subordinado y escasa participación social, que erosiona a la soberanía ambiental y la capacidad de decidir autónomamente sobre nuestros recursos. Y a su vez recomiendan “Qué podríamos implementar: no debilitar la legislación ambiental para atraer inversión, garantizar la participación y la transparencia, activar los mecanismos de solución de controversias y usarlos estratégicamente a nuestro favor. El monitoreo público y constante del agua, de la energía y de las emisiones de estas empresas”,
Hay que hacer notar que, en el contexto de Estados Unidos, durante los últimos años se han aprobado una gran cantidad de contrarreformas legislativas y regulatorias que debilitan protecciones ambientales federales y estatales. Además, el gobierno estadounidense se ha retirado de acuerdos internacionales cruciales como el Acuerdo de París sobre cambio climático, ha desregulado la industria de combustibles fósiles, y ha debilitado sistemáticamente las capacidades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), lo cual, evoca un riesgo grande en la revisión del T-Mec. en materia ambiental.
Por ello, a diferencia de negociaciones previas, México no solo debe defenderse, pues México puede aprovechar sus avances en materia ambiental para exigir mayor corresponsabilidad de Estados Unidos.
En el marco de la preparación para la revisión integral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, se ha publicitado que los tres países avanzaron en el fortalecimiento de su agenda ambiental común durante la cuarta sesión del Comité de Medio Ambiente del acuerdo comercial. Sin embargo, hay más riesgos que certidumbre, pues las estrategias ambientales conjuntas impactaran directamente en la operación industrial, el sector energético, la protección de recursos naturales y la competitividad regional. Y de acuerdo a la información oficial, se presentaron avances en iniciativas relacionadas con la conservación de ecosistemas estratégicos, el aprovechamiento responsable de los recursos forestales y la gestión de áreas naturales protegidas. Asimismo, se discutieron acciones para combatir actividades ilícitas que afectan al medio ambiente y para disminuir la contaminación por residuos marinos, un tema con implicaciones directas para sectores como el logístico, el turístico y el manufacturero.
Y aunque los riesgos ambientales han perdido prioridad en el corto plazo, siguen siendo los más graves a largo plazo. En la visión de largo plazo los fenómenos climáticos ocupan el primer lugar. Y los tres países no están aislados de ninguna de estas tendencias.
Finalmente hay que señalar que en el caso de Estados Unidos, a lo largo de los últimos 25 años, diversas organizaciones de granjeros, científicos y ambientalistas estiman que en este periodo, tanto el gobierno federal como los estatales, ha aprobado más de 80 contrarreformas legislativas y de regulaciones gubernamentales contrarias a los compromisos ambientales, tanto a Capítulo 24 Medio Ambiente y a nivel nacional como en relación a escasos acuerdos internacionales de los que son parte; y han incrementado los boicots o retiro de acuerdos, como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, para favorecer la industria de combustibles fósiles y sus grupos de interés y cabilderos que forman parte de su gabinete. El resultado de la desregulación ambiental se ha reflejado en un creciente deterioro y la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales en ese país; una situación similar ocurre en Canadá.
Por otra parte, si no se renovara el T-Mec., México debería considerar aplicar aranceles verdes como un plan B a las importaciones de productos de los Estados Unidos, ya que éste país es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.
Pues dichos aranceles verdes al carbono son impuestos que gravan a los bienes importados según su contenido de emisiones de carbono.
Con ello, se estaría promoviendo la transición verde, descarbonizar la economía global, fomentar la competencia justa, e Incentivar a los productores a adoptar prácticas más sostenibles.
Por su parte, los analistas anticipan que la revisión no derivará en una ruptura inmediata ni en una renovación automática, sino en un periodo de negociaciones extendidas, presión arancelaria, cumplimientos ambientales y mayor incertidumbre para la inversión en México.
En la revisión del T-Mec, no sólo debería tratarse de aranceles, a pesar de que sabemos que el comercio y las fallas institucionales en el campo del medio ambiente provocan que no se cumpla el requisito de que la liberalización comercial y el desempeño ambiental deben desarrollarse paralelamente.
