WASHINGTON, DC. Hace unos días fui invitado por un amigo estadounidense a una comida a la que asistieron también unos colegas suyos del trabajo. La conversación versó por distintas fases, desde política norteamericana hasta fútbol; inadvertidamente pasó al tema de México. En las últimas semanas, dijo uno de ellos, México ha estado en las primeras planas de muchos diarios de los Estados Unidos como el New York Times, Wall Street Journal y el Washington Post. Prosiguió entonces diciendo que los mexicanos, corrigiendo rápidamente a los “gobernantes mexicanos”, son hipócritas. Pregunté entonces porque lo decía, me contestó que tiene muchos ejemplos y empezó a platicar una experiencia que tuvo un amigo de él en la compra de un condominio que está en una de las playas mexicanas. Pero antes, para poner contexto dijo que los gobernantes mexicanos hablan constantemente de confianza, integración y reciprocidad con los EU. Acto seguido, contó el vía crucis por el que pasó su amigo para poder adquirir su inmueble frente al mar, “Vaya nivel de confianza que los mexicanos nos tienen a los norteamericanos”.
Resulta que la ley mexicana contempla que un extranjero o inmigrado así lleve 50 años en el país, para adquirir un inmueble a menos de 50 kilómetros de la costa, requiere de la constitución y aprobación de un fideicomiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea que, si usted no es mexicano, quiere comprar una casa, poner un restaurante o una tienda en la ciudad de Campeche, Mérida o Mazatlán requiere un fideicomiso.
En ocasiones este permiso puede tardar meses en llegar y después de recibirlo debe constituirlo con un fideicomitente (normalmente un banco) y pasar por múltiples trámites burocráticos engorrosos. Eso sin hablar de los costos adicionales que esto implica. En su opinión, todos estos costos son una forma de discriminación pues únicamente los extranjeros, así sean residentes permanentes, deben incurrir en estos pagos.
Sarcásticamente comentó que seguramente los mexicanos no han de tener la capacidad de resguardar sus costas, pues ni países tan pequeños como Costa Rica tiene disposiciones similares para adquirir inmuebles cerca de la playa. A su criterio Estados Unidos debería tener leyes recíprocas para todos los mexicanos (residentes o no) o bien poner un impuesto compensatorio para igualar las condiciones. En su visión, que vengan todos los que quieran comprar, ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Y que compren! Pero que se haga en condiciones iguales, es más, decía que no hacerlos sufrir con trámites burocráticos, pero sí con un pago compensatorio (en tono rimbombante lo nombró como un “sobrecosto compensatorio por reciprocidad a la ley mexicana”).
“Yo no soy republicano ni vote por Trump” señaló; esto no es un tema de ideologías, es un tema de reciprocidad, y remato: si los estadounidenses tienen que pagar un sobrecosto por la compra de bienes raíces, que los mexicanos paguen también. Terminó diciendo que estaba pensando en una campaña en redes sociales para promover esta iniciativa desde Washington. ¿Qué pasaría si Estados Unidos impusiera el mismo requisito a los ciudadanos mexicanos inmigrados o no que adquieren inmuebles que estén a menos de 50 km del mar? Los mexicanos que viven en Los Ángeles y San Diego tendrían que pagar una tarifa compensatoria. “Imagínense la cantidad de dinero que recaudaríamos solo en California y la Florida”. Luego prosiguió con el tema de migración que lo comentaré en mi próxima entrega.
En la actualidad, muchos cambios políticos, sociales o legales se originan y crecen a través de las redes sociales. En ocasiones, en momentos que nadie espera. México deberá estar atento, sobre todo en el contexto actual.
