Haití es de los Estados cuyas agitaciones democrático-institucionales forman, desafortunadamente, parte de su historia, a pesar de esfuerzos internacionales y nacionales para que alcance estabilidad en lo político, social y económico.
La nación caribeña no ha logrado consolidar instituciones políticas y administrativas suficientemente sólidas que sirvan como soporte a un Gobierno y a una clase política para procesar las demandas ciudadanas y generar gobernabilidad. Todo lo contrario, existe una desinstitucionalización progresiva que profundiza problemas como golpes de Estado, transgresión de derechos humanos y violencia, entre otros.
Baste decir que, en julio de 2021, el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado y el crimen continúa sin ser esclarecido.
Dos días antes del homicidio, el presidente Moïse nombró a Ariel Henry como primer ministro; sin embargo, no hubo un Parlamento en funciones que lo confirmara constitucionalmente como tal, ya que desde 2016 no se organizan elecciones generales.
A pesar de ello, en julio de 2021 Henry asumió —con el reconocimiento de Gobiernos de diferentes países— el cargo de primer ministro. En un acuerdo que suscribió en diciembre de 2022 con políticos de diversos partidos y la sociedad civil, se comprometió a llevar a cabo elecciones, así como renunciar a su puesto el 7 de febrero pasado, pero no lo cumplió.
Desde el magnicidio del presidente Moïse, la situación de Haití empeoró, y a ello se sumó el desempeño poco afortunado que tuvo el gobierno del primer ministro Henry bajo condiciones muy adversas.
De acuerdo con el Banco Mundial, en 2023, el 63 por ciento de las y los haitianos vivía con 3.65 dólares al día, mientras que el PIB del país caribeño se redujo un 1.7 por ciento en 2022 con respecto al año anterior.
Además está el crecimiento de las pandillas (alrededor de 200 en 2022), que ahora controlan el 80 por ciento de Puerto Príncipe, la capital.
En 2023, de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), 4789 personas fueron asesinadas; 314,000 más han sido desplazadas internamente por estos grupos, y en lo que va de este año se registraron otros 1192 homicidios.
Jimmy Chérizier, poderoso líder pandillero, advirtió del inicio de una guerra civil, si el primer ministro Henry no dejaba el poder. No obstante, este último argumentó que la violencia de esas bandas impedía la realización de elecciones, aunque finalmente renunció al cargo el 12 de marzo pasado y señaló que su Gobierno aceptaba la instauración de un consejo presidencial de transición, dotado de algunos poderes de la Presidencia, incluida la capacidad de nombrar a un nuevo primer ministro interino, así como convocar a elecciones.
Esta noticia ya la había dado a conocer Mohamed Irfaan Ali, presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), el 11 de marzo pasado durante una reunión de esta organización para abordar la crisis haitiana.
Sin embargo, diferentes voces dentro de las pandillas que controlan Puerto Príncipe afirmaron que no reconocerán a ningún Gobierno emanado de las negociaciones de Caricom o de fuerzas extranjeras.
Por otro lado, si bien en octubre de 2023 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que permite el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para el país caribeño, no se ha concretado.
Al respecto, aunque el Gobierno de Kenia se había ofrecido como voluntario para liderar esa fuerza internacional, luego de la renuncia del primer ministro Henry indicó que, al no haber una administración política en Haití, esperará una nueva autoridad constitucional antes de tomar más decisiones sobre el asunto.
La crisis haitiana nos recuerda que la estructuración y el funcionamiento de los Estados nacionales no son hechos consumados. Estos se deben fortalecer y limpiar de corrupción, patrimonialismo y violencia, además de vivir en una auténtica democracia. En tal sentido, también se requiere seguir apoyando a Haití dentro del marco de la ONU, porque su pueblo lo necesita.
