El Gobierno federal hizo obligatoria la operación del sistema de estancias infantiles en el país pese a que arranca con fallas estructurales, miles de centros fuera de control oficial y sin recursos adicionales para corregirlo.
El decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación aprueba el Programa Nacional de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil 2026-2030 y ordena su cumplimiento a todas las dependencias federales, aunque establece que su ejecución será “con cargo a su presupuesto aprobado“, es decir; sin ampliación de recursos.
“El Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2026-2030, es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias“, establece el decreto firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y otros titulares de su Gabinete.
La medida se publicó en el DOF junto con un diagnóstico oficial que reconoce un sistema con rezagos en operación, supervisión y seguridad.
De acuerdo con el propio documento, el 69 por ciento de las estancias presenta fallas administrativas, el 27 por ciento no puede acreditar capacitación de su personal y alrededor de 5 mil centros operan fuera del registro nacional.
“El 69 por ciento de los centros presenta deficiencias en aspectos administrativos clave, como el Programa Interno de Protección Civil, el Seguro de Daños a Terceros y/o la Licencia de funcionamiento“, advierte el diagnóstico. Además, señala rezagos en formación del personal.
“El 27 por ciento de los centros supervisados no cuenta con evidencia que acredite la capacitación de su personal”.A ello se suman deficiencias en alimentación, pues el 83 por ciento de los menús no cumplen con los criterios de una dieta completa”, reconoce el estudio.
El programa admite también riesgos en materia de seguridad y violencia.
“Es importante la capacitación del personal para atender alguna emergencia, incluso aquellas ocasionadas por hechos de violencia armada“, advirtió sin dar detalles.
Pese a este panorama, el decreto no contempla recursos extraordinarios. Incluso, en sus artículos transitorios establece que la Secretaría de Salud coordinará la ejecución del programa “con cargo a su presupuesto aprobado”, y que el resto de dependencias hará lo propio en los términos de sus propios recursos.
En términos de cobertura, el sistema tampoco logra captar a la mayoría de la población objetivo.
El diagnóstico señala que el 91.5 por ciento de niñas y niños de cero a dos años no asiste a educación inicial, aun cuando existen más de 600 mil espacios disponibles en centros ya instalados.
El documento también admite problemas de control institucional.
“Se estima que existen aproximadamente cinco mil CAI públicos y privados en operación que no están inscritos”.
Además, revela que miles de centros operan sin condiciones mínimas de seguridad, al señalar que más de 4 mil no cuentan con programa interno de protección civil.
Aunque el plan fija metas hacia 2030 -como que 85 por ciento de los padres perciba mejoras en el desarrollo de sus hijos-, parte de una línea base en cero.
El programa será coordinado por la Secretaría de Salud y supervisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en un esquema que involucra a dependencias como Defensa, Marina, Pemex, IMSS e ISSSTE, cada una con operación propia.
El Gobierno se propuso ordenar y reforzar el sistema de Centros de Atención Infantil con tres ejes: mejorar la calidad del servicio, involucrar más a madres, padres y cuidadores en la crianza, y crear entornos de protección libres de violencia, inclusivos y no discriminatorios.
Para ello plantea capacitar y certificar al personal, fortalecer las visitas de supervisión en las 32 entidades, mejorar la alimentación, promover prácticas de crianza positiva, impulsar el juego como herramienta pedagógica y ampliar el registro de centros en el RENCAI para tenerlos identificados y bajo seguimiento.
Frente a los rezagos detectados, el programa apuesta también por diseñar protocolos de protección física, psicológica y emocional para niñas y niños, reforzar la atención a menores con discapacidad, impartir talleres y pláticas a familias sobre desarrollo infantil y crianza, y coordinar a las dependencias responsables.
En su lógica, el plan es corregir fallas de supervisión, seguridad, capacitación y cobertura con metas graduales hacia 2030, aunque sin anunciar recursos extraordinarios.
