Como parte de la discusión y debate actual sobre las energías y el cumplimiento de compromisos internacionales de México en relación al 35% de energías limpias, en donde encontramos una gran mayoría de opiniones que explican la problemática debido a que el gobierno federal ya no promueve la inversión privada trasnacional en este campo.
Pero es necesario puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con la complejidad de la obtención y el uso de la energía en México, ya que si bien en el país se cuenta con ventajas comparativas para la energía eólica y la solar, no se puede hablar de una única solución. Y cabe señalar que los megaproyectos energéticos hasta el momento, sólo sirven para satisfacer la demanda de las grandes ciudades y de las industrias. Y aún peor, se instalan en un estado para generar energía y luego la portean a otro sitio o entidad distinta.
En México se requiere pensar en varias soluciones y partir de una visión en la que por un lado: se considere la diversidad de fuentes de energía y no sólo una; segundo, participen diversos actores, desde el ciudadano que instala paneles en su techo con fines residenciales, pasando por los micro negocios para su consumo propio, los municipios para alimentar el sistema de alumbrado público y sus edificios, las industrias y parques industriales que son los que mayor demanda anual tienen, hasta llegar a las grandes plantas generadoras de la CFE y aquellas de coinversión entre la federación y los estados; tercero, buscar las soluciones locales, como la energía distribuida a partir de los mismos ejidos y comunidades o bien, una nueva figura de cooperativa energética para venderle a la CFE. Bajo estas consideraciones la democracia energética cobraría peso y vigencia.
La discusión se reavivo a partir de la declaraciones y el informe publicado por la COFECE el cual dice “México no alcanzará la meta de 35% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias…” y la misma Comisión Federal de Competencia Económica plantea que para 2024 se alcanzaría en el mejor de los casos 33.6% de la generación total del país a partir de fuentes renovables.” Y de acuerdo con los resultados del estudio, elaborado en enero de este año agrega que “el déficit de energía limpia para el fin de sexenio equivaldría a 6,700 megawatts (MW) de energía eólica o de 8,300 MW de energía solar fotovoltaica, de manera que no se alcanzarían las metas planteadas en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética.” Sin embargo, parecería un poco exagerado pensar que el país, no podría estirar un 1.4% que faltaría para llegar al 35% de la meta fijada, pero no es de extrañarse que dicha Comisión, no voltee a ver a todos los actores que ya hemos puntualizado líneas arriba, pues los integrantes de la COFECE parece ser que sólo fijan sus expectativas y confían en las empresas privadas trasnacionales. Por ello, la importancia de que las soluciones sean diversas, que participen muchos actores y se trabaje en lo local.
De ahí que es posible identificar un conjunto de medidas para favorecer las inversiones públicas y privadas en el sector energético y que al mismo tiempo acreciente la seguridad energética, genere valor económico para todos los actores, que permitan la inclusión de las empresas mexicanas y centros de investigación en la innovación tecnológica, que den viabilidad a la diversificación energética y local, y que aseguren la compatibilidad y equidad del sector energía con la sociedad y finalmente, adopte un modelo sostenible y protección del medio ambiente, todo ello, bajo la certeza legal.
