ENTRE LÍNEAS
Hace 30 años, el 6 de junio de 1990, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Jorge Carpizo McGregor tomaba posesión como primer presidente de la CNDH. Si vemos con ánimo crítico el actuar de esta institución, lo que celebraríamos ahora nosotros sería algo así como: “De la esperanza a la desilusión”. Transcurre el trigésimo aniversario sin pena ni gloria, en medio de una crisis de violación de derechos elementales, como la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y otro asesinato, el de Oliver (Yair) López, por la brutalidad policiaca en Baja California, en medio de una pandemia que ha crispado la vida política del país, con grave riesgo de confrontación federal, sin que la CNDH asome la cabeza.
En el caso de Giovanni, la respuesta de la CNDH fue timorata, por decir lo menos, el comunicado dice textualmente: “(La CNDH)…Expresa su preocupación y su más enérgica condena al uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestación de las ideas”. Giovanni no fue asesinado por la libre manifestación de ideas, sino por no llevar cubrebocas. No hay mayor contradicción que la fuerza pública termine quitando la vida a un ciudadano en un operativo para cuidar la vida de los ciudadanos previniendo el contagio con cubrebocas. A lo más que llegó la CNDH es a manifestar que estaría comunicada con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Además, el problema no es por el uso de la fuerza, que es una atribución del Estado el uso legítimo de la fuerza, sino por un asesinato de parte de la policía. Se trata de un mensaje confuso y totalmente de acuerdo con el trauma de origen de la presidente de la CNDH sobre el uso de la fuerza.
Esta presunción de que el uso legítimo de la fuerza equivale a represión ha sido un candado para aplicar el Estado de Derecho en este país. Si en los tiempos del PRI se entendía como una culpa generada por la matanza de Tlatelolco y la guerra sucia de los setentas, en MORENA sólo se puede entender como un prejuicio, una equivocación ideológica, pensar que el uso de la fuerza legítima es represión.
La fuerza legítima se debe usar para la defensa de los ciudadanos y sus propiedades, su no uso lesiona derechos fundamentales y da pábulo a la proliferación de los grupos “anarquistas”, que no tienen nada que ver con el anarquismo teórico, sino que son simples instrumentos de presión vandálica de grupos de interés y de presión. Doble equivocación de la timorata declaración de la CNDH. Qué celebración de sus 30 años de existencia.
Pero también hay una omisión grave ¿Y el caso de Oliver (Yair) López de Baja California? ¿Ese no tuvo relevancia para la Comisión, pese a la gran similitud con la muerte de George Floyd, que incendió a Estados Unidos? Los videos muestran con claridad que la bota del policía aplasta el cuello de Oliver. A más de dos meses de lo ocurrido en Tijuana, aún no se tienen los resultados de la investigación. ¿Eso no amerita siquiera una línea en el informe mensual de la CNDH? ¿Será porque se trata del gobierno de Jaime Bonilla, de Morena? Esta actuación de la CNDH es una razón fundamental para dar cumplimiento a la exigencia que la titular de este organismo autónomo no haya pertenecido a ningún partido. A pesar de que en Estados Unidos la muerte de un afroamericano se vincula con el racismo y el abuso de la policía y del sistema de justicia en contra de la comunidad afroamericana, en México, es muy fácil vincular la brutalidad policiaca contra indígenas, pobres (Otra versión de “primero los pobres”) y la población en general. ¿O la nula actuación de la CNDH se enfoca sólo de la defensa de un miembro del partido?
¿Quién no recuerda el caso del menor Marco Antonio Sánchez Flores, detenido en una estación del Metrobús de la CDMX, desaparecido durante casi una semana, golpeado y trastornado cuando lo encontraron sus familiares? Hay un margen de comportamiento policial con Marco Antonio, Oliver y Giovanni. Se trata de jóvenes detenidos por su aspecto “sospechoso”, según las autoridades, cuya mala suerte hizo que se toparan con sus agresores uniformados. Supuestamente en la curricula de la formación policial se imparten materias sobre Derechos Humanos y debido proceso en la detención de los ciudadanos ¿De qué Derechos se hablará en esos cursos? ¿No importa nada si reprueban esas materias? ¿Quién los imparte? ¿Son sólo teóricos o contará la práctica y el seguimiento en la actuación policial? Esto es de gran relevancia destacar por sus terribles consecuencias para los ciudadanos comunes y corrientes, que somos la inmensa mayoría. ¿Por qué la CNDH no diseña y supervisa, como autoridad normativa, la impartición de estos cursos o materias en la formación y actuación de todas las policías? Es una pregunta.
En éstos y en otros casos similares lo que se observa es falta de profesionalismo, falta de protocolos de actuación y, lamentablemente, vinculación de las policías con el crimen organizado. En el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por lo menos existen indicios de ligas de la autoridad municipal con el crimen organizado. Si la policía está en manos del crimen organizado ¿qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Dónde estará la Ética en estas policías? La legitimidad es la expresión política de la aceptación ciudadana de las instituciones públicas. Ésta es una materia pendiente a los 30 años de la creación de la CNDH. La pérdida de la esperanza conduce a la desilusión.
