COLUMNA INVITADA
Escenarios inéditos
Si la sola idea de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, por la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), abría escenarios jamás vistos, la posibilidad de que en la segunda vuelta no participen Miguel Riquelme (PRI) ni Guillermo Anaya (PAN), por el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), alteraría por completo el tablero político del estado.
“La elección del 4 de junio debe ser anulada. Es una vergüenza ver en los medios al candidato del gobernador salir a decir que no cometieron ningún delito. Estos delitos están documentados con amplitud. Las instituciones electorales sólo salvarán y recuperarán la confianza ciudadana anulando esta fraudulenta e ilegal elección”, declara el excandidato independiente Javier Guerrero en un comunicado.
Un nuevo cálculo de la Unidad de Fiscalización determinó que Riquelme gastó seis millones de pesos por encima de los 19.2 millones autorizados por la ley, o sea 31% extra. Anaya, por su parte, erogó 24.3 millones, 26.5% más del tope legal. Riquelme omitió reportar 7.8 millones de pesos y Anaya 5.2 millones (Reforma, 09.07.17).
El Consejo General del INE revisará este viernes el dictamen de la Unidad de Fiscalización. Si lo aprueba, la Sala Superior del TEPJF resolverá si la elección se anula y ordena al Congreso local convocar elecciones extraordinarias. Además, existen otras irregularidades, de acuerdo con la impugnación del FDC. “Más de doscientas”, según el excandidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.
Riquelme y Anaya interpondrán recursos ante el TEJPF si el dictamen del INE es aprobado, pues, de anularse la elección, ambos quedarían eliminados para competir en los comicios extraordinarios.
“Los comicios del pasado 4 de junio estuvieron plagados de irregularidades y corruptelas del PRI-Gobierno. (…) fue una elección de Estado”, acusa el excandidato de Morena, Armando Guadiana. En un comunicado, demanda de las autoridades electorales “aclarar el proceso de anulación y con ello los tribunales llamen a nuevas elecciones”.
El empresario dice que “Rubén Moreira y Riquelme se distinguieron en operar con toda su estructura gubernamental para favorecer al PRI y con ello perpetuarse en el poder. (Fue) la elección más sucia que jamás se haya visto en Coahuila”, asegura.
Guerrero, por su parte, señala que “una elección de Estado (como la del 4 de junio) implica tejer una serie de complicidades más allá del Estado. (…) El país y Coahuila no se merecen que se imponga con evidentes delitos a un candidato repudiado por la mayoría de la población. Tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos judiciales electorales en sus tres instancias, tienen la obligación de cumplir la ley”. También pide a los órganos electorales actuar “por encima de las voces que hoy llaman a salvar la cara de éstas intentando buscar soluciones salomónicas” (como sería la eliminación de Anaya para la segunda vuelta).
Hoy todo es incertidumbre. Excepto el INE, que al parecer ya recibió señales de Los Pinos –si no, ¿por qué el nuevo cálculo sobre los gastos de campaña?–, nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá. La opinión pública presiona, los partidos mueven sus influencias y los ciudadanos tienen a la mano su credencial para votar. Lo único seguro es que el TEPJF decidirá, en última instancia, si hay nuevas elecciones para gobernador y si Riquelme y Anaya aparecerán o no en las boletas.
