En sesión solemne de Pleno de la LXI Legislatura, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, presentó su penúltimo informe de actividades.
El fiscal anticorrupción reportó el inicio de 458 carpetas de investigación, con cerca de 56 vinculaciones a proceso, donde se judicializaron 45 casos. La mayoría de estos, por abuso de autoridad y desempeño ilícito, cohecho, uso de documentos falsos, peculado, extorsión y lesiones y daños dolosos.
Asimismo, señaló que, en ocho años de existencia de esta figura anticorrupción, 132 servidores accedieron a la suspensión condicional del proceso.
Agregó que 71 personas más fueron sentenciadas por su responsabilidad penal en hechos de corrupción, entre ellos, a tres expresidentes municipales en Colón, con Alejandro Ochoa Valencia; Corregidora, con Carmelo Mendieta y Pinal de Amoles, con Isidro Garay, donde los tres aún permanecen detenidos. Además, se logró la recuperación de 209 millones de pesos en activos.
“Las sentencias se le aplicaron incluso a gente que ocupaba la esfera más alta en la jerarquía municipal. Tenemos sentencias en asuntos del municipio, de los apoyos que se entregaron. Tenemos una recuperación de activos de 209 millones de pesos y traemos prácticamente a 132 personas que se les aplicó la ley”, afirmó.
Benjamín Vargas sostuvo que estos resultados son muestra de que en Querétaro se aplica la ley en contra de servidores públicos que buscan dañar el patrimonio de los habitantes, y al erario.
“Es inédito aquí en Querétaro, que no se había nunca iniciado siquiera una investigación en contra de este tipo de estructuras en la Administración Pública (…). Yo te puedo asegurar que cualquier funcionario que maneje recursos, si piensa hacer algo indebido, lo va a pensar dos veces, porque sí va a enfrentar la justicia”, sentenció.
Finalmente, Vargas Salazar resaltó que, por sexto año consecutivo, el estado fue posicionado como el número uno en el eje de ausencia de corrupción; además; en esta nueva edición del índice de Estado de Derechos 2023-2024, elaborado por World Justice Project, lidera 5 de 8 ejes.
Por ello, en el último año de actividades buscará mantener los índices de recuperación de activos, así como los protocolos de actuación para lograr una alta efectividad en el combate a la corrupción.
