En nuestra pasada entrega (el autor de estas notas tiene el soporte documental necesario de lo que está ocurriendo con este fraude) informamos que, mientras existe una guerra sucia del ex gobernador Jaime Bonilla en contra de la actual mandataria, Marina del Pilar Ávila Olmedo, nacida en Mexicali en el año 1985, abogada y política de verdad, los sagaces delincuentes fronterizos que lo mismo medran con la explotación de los famélicos migrantes de Centroamérica, y desde luego, también con mexicanos, que con el usufructo de tierras, en el presente caso ejidales, hacen de las suyas con la mayor impunidad ante la ausencia de una paz política que se traduzca en justicia.
Ayer dijimos que fue así, a partir de ese oscuro convenio de cesión celebrado con Salvador Zamudio Gámez, cuyo contrato original de asociación que permitía comercializar lotes del fraccionamiento a cambio de un porcentaje de las ventas, pero obligaba al titular a desarrollar y urbanizar el fraccionamiento y acabó legalmente rescindido por una autoridad judicial a consecuencia del incumplimiento, Susana López Gámez se introdujo, por medio de una componenda ilegal, en la vida de Villas de San Pedro.
La nueva jugadora no solo se apoderó ilegalmente de la administración del fraccionamiento y la prerrogativa de vender sus lotes a cambio de un atractivo 30% de cada venta. Además inició una sistemática y bien diseñada operación de fraude inmobiliario en contra tanto de Antonio Pequeño Guerrero, como del Ejido Primo Tapia, pues tampoco cumplió con la obligación de desarrollar el fraccionamiento que antes ya había incumplido Salvador Zamudio Gámez, y nunca entregó, ni ha entregado al ejidatario, a sus herederos y al Ejido, el dinero correspondiente al 59 % y al 8 % de las ventas de lotes que ha realizado.
El fraude y el despojo son claros y están legalmente acreditados. Las víctimas no son solo los propietarios y ejidatarios originales del predio fraccionado: Antonio Pequeño, sus herederos y el Ejido. También están, en calidad de víctimas y pendiendo de un hilo, los compradores defraudados al adquirir, con engaños, lotes de alguien que no era el legítimo propietario. Esos compradores hoy enfrentan la dura realidad de haber puesto en riesgo los ahorros de toda una vida.
Otra vertiente del asunto es la complicidad. Para actuar con tanta impunidad dentro del territorio del Ejido, Susana López Gámez tuvo cómplices dentro de la estructura de autoridad del propio ejido. Todo apunta a un personaje llamado Erick Castellanos Sánchez, actual presidente del Comisariado Ejidal de Primo Tapia. Pero esa es una historia para otra entrega.
EN TIEMPO REAL.
1.- El presidente López Obrador se lleva, pero luego no se aguanta cuando algo le sale mal. En su conferencia mañanera el mandatario federal se defendió asegurando que se trataba de censura y que él solo respondió a las preguntas que le hizo la comunicadora. AMLO dijo:
“Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme… Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso… Se ha visto mucho en México y en España y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje, ¡censura!… Ella me preguntó”
2.- La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho ante la supuesta concesión que se le entregó a particulares para la administración del Viaducto Bicentenario.
De acuerdo con una ficha informativa difundida por la FGR, la dependencia encabezada por el Fiscal General Alejandro Gertz Manero pondrá en marcha todo los recursos legales para iniciarle un proceso legal al Juez Daniel Ramírez Peña por darle la razón a la empresa Aleática, antes OHL México.
Dejo en claro qué la concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula. Todo fue parte de los negocios de ese tiempo con conocidos constructores.
Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5 por ciento de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5 por ciento; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación.
3.- Valeria Quintana sigue siendo una guía indispensable en el desarrollo de la superación personal. Pronto presentaremos fragmentos de sus valiosos textos.
