Resolver la movilidad urbana demanda conocimientos (II)
Temporal
Para resolver la Movilidad Urbana del valle de Querétaro es necesario ejecutar diversas acciones por el estado y los municipios conurbados, lo que demanda contar con servidores públicos con conocimientos específicos de varias áreas de ingeniería, conocimientos que no se adquieren al ser nombrado servidor público. El nombramiento de una persona como servidor público no lleva implícito los conocimientos para desempeñar el puesto donde fue nombrado servidor público. Los conocimientos solamente se adquieren con el estudio y no se adquieren por ejercer un puesto de decisión dentro de la función pública, como es el caso de varios funcionarios con altos cargos en las actuales administraciones estatal y municipal. Lo único que adquiere un servidor público con falta de conocimientos en un puesto de decisión, que percibe un gran salario más los “moches” que según la vox populi se han incrementado en las actuales administraciones estatal y municipal, es el descrédito del político que ganó las pasadas elecciones que lo nombró, por los constantes errores que se cometen en las obras públicas municipales y estatales que son fácilmente observados por la ciudadanía.
El gasto desmedido en la obra que ejecuta la administración estatal en la avenida Constituyentes, que según la publicidad es para mejorar la “movilidad urbana”, muestra también falta de transparencia del gasto de recursos económicos, obra pública que se ejecuta destruyendo la guarnición existente de muy buena calidad, para volver hacerla con singular alegría $$$, haciéndola en algunos lugares con alturas superiores a la que tenía la guarnición que demuelen para tener que rehacer los bellos jardines del camellón existente $$$, ocasionando además que algunos cruces peatonales se vuelvan intransitables para los discapacitados, como el paso peatonal existente entre la clínica del IMSS y Plaza de Las Américas que también deberá rehacerse $$$, obra que destruye la infraestructura vial existente de los carriles aledaños al camellón central con una compactación tal que no presenta daños estructurales en su base, para colocar otra infraestructura que deja mucho que desear y $$$; tal parece que los servidores públicos del estado solo generan obras a modo para compañías favorecidas con contratos de obra pública, levantando terracerías para volver a colocarlas sin mostrar el proyecto de Ingeniería de Tránsito ni de Ingeniería Económica, que consideren realizar estos trabajos técnicamente sustentados, obra de la cual no se muestran los estudios de valor relativo de soporte de la estructura que existía en el carril que se levantó, ni los estudios de impacto vial y de impacto ambiental. Preguntas: ¿Dónde está el estudio de Ingeniería de Tránsito que demanda sustituir la infraestructura existente y la carpeta asfáltica por otra infraestructura con carpeta de concreto?, ¿Dónde está el estudio de Ingeniería económica que considere eliminar las guarniciones y reconstruirlas con alturas superiores a las alturas de los jardines existentes y de los pasos peatonales existentes?, ¿Dónde quedó todo el material que se quitó de la base y la sub-base?
Para colocar un carril exclusivo al transporte público a ambos lados del camellón de Constituyentes con carpeta de concreto, si los estudios de ingeniería de tránsito y de Ingeniería económica lo justifican, solamente se requiere quitar el asfalto y colocar el concreto. No se requiere levantar la base ni la sub-base que existía y que existe en las áreas donde no se ha levantado aun la carpeta asfáltica para colocar la carpeta de concreto, al existir una estructura vial que no presenta daños y que ha soportado el tráfico citadino por varias décadas. La infraestructura de la obra nueva del actual carril de concreto tendrá más fallas que los carriles asfaltados que no se dañaron ni se tocaron.
Las obras públicas para transparentarse deben publicarse en periódicos locales y deben concursarse conforme lo establece la ley, evitando los intereses particulares de servidores públicos, de prestanombres y constructores sexenales. Todos los constructores legalmente registrados tienen derecho a participar en los procesos licitatorios, sin distingos ni favoritismos, con reglas claras, para evitar procesos licitatorios direccionados a contratistas favorecidos por intereses particulares de servidores públicos. Sin embargo, existen muchos contratistas que no han resultado favorecidos con los jugosos contratos de las actuales administraciones estatal y municipal, y existen muchos contratistas que no se les invita a participar en los concursos.
En la reunión del Colegio de ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, el pasado del 10 de enero de 2017, se expuso la Ley Anticorrupción y Recursos Federales, Estatales y Municipales por el Lic. Alain Giovanni Cortés Osorio, Asesor Jurídico de SDUOP, al finalizar la presentación el Lic. Cortés solicitó la opinión de los profesionistas a lo que señala la Ley, y solicitó que levantaran la mano los que quisieran tener un contrato de obra pública, expresando públicamente más de una docena de profesionistas que la Ley no menciona nada de los “moches” los que actualmente en las administraciones estatal y municipal son más altos que en las pasadas administraciones, mencionando varios profesionistas que han dejado de participar en los concursos porque están amañados y porque no están dispuestos a aceptar el pago de “moches”, para Ripley.
La ejecución de obra pública debe permitir al contratista que obtenga legalmente un contrato un beneficio económico razonable sin necesidad de otorgar “moches”. Todos los profesionales de la construcción, personas físicas o morales, tienen derecho a ejercer su actividad ejecutando obras públicas, obteniendo beneficios económicos dentro de los estándares establecidos en aranceles aprobados por organismos públicos sin “moches”. Urgen reformas estructurales para que todos los concursos de obra pública en el estado de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes sean publicados en medios de comunicación y sean abiertos a la participación ciudadana, para que todos los procesos de concurso, tanto de proyectos como de ejecución de obras públicas en el estado sean transparentes, para reducir la corrupción en los proyectos y en la ejecución de obras públicas.
No cabe duda que en las grandes obras que realiza el estado se observa despilfarro de recursos económicos y se realizan obra donde no hace falta, como la obra realizada en el jardín Zenea, donde no era necesario hacer la gran inversión que se realizó, que lo único que generó fueron beneficios para quien(es) obtuvo el (los) contratos, El despilfarro de recursos económicos públicos es un acto de corrupción que debe investigarse.
Con el costo de la obra que realiza SDUOP en la avenida Constituyentes se hubiera construido la infraestructura vial en la prolongación de la avenida Constituyentes, obra que solicitan los vecinos de El Mirador necesaria para la movilidad vial del oriente del Valle de Querétaro, obra que nadie atiende ni la SDUOP, ni la Comisión Estatal de Infraestructura ni el municipio de El Marqués ni el municipio de Querétaro, obra de la que hace tiempo el servidor público municipal Marcos Aguilar mencionó que solo tenían 350 mil pesos para atenderla.
Es urgente auditar las obras construidas e informar con claridad a la sociedad queretana los nombres de los propietarios de las compañías favorecidas con los contratos de obra, tanto del estado como del municipio de Querétaro donde también se observan despilfarro de recursos públicos y contratistas a modo, y crear la Comisión de Planeación del Desarrollo Regional Sustentable para que se encargue de proponer, avalar y/o proyectar las obras públicas y las acciones para mejorar la movilidad urbana y el desarrollo regional, Comisión que podría avalar la inversión pública en los municipios, considerando todas las opiniones de los sectores. Dicha Comisión podría analizar y avalar El Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área metropolitana y de las cabeceras municipales. Comentarios al correo electrónico temporal_franxama@hotmail.com
Acotaciones al margen: El Congreso del Estado autorizó las leyes de ingresos y egresos para 2016 y 2017, que representan las mayores recaudaciones y los mayores gastos públicos de la historia del estado de Querétaro, leyes que muestran despilfarros de recursos económicos públicos en obras suntuosas mal proyectadas y despilfarros de recursos para “arreglar” lo que no necesita arreglos, con pocos beneficios para las clases populares. Las leyes de egresos no consideran un presupuesto suficiente para la actividad sustantiva del estado que es gobernar y proporcionar seguridad a las personas y a sus bienes, lo que perjudica a la sociedad queretana que vive con la mayor crisis de inseguridad de los últimos sesenta años. Hacen falta más acciones y mayor presupuesto para detener la inseguridad.
