Veronica Gascón Hernández
Las dependencias de la Administración Pública Federal deben hacer su planeación de adquisiciones, destinando un porcentaje para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sin embargo, pocas son las que se vuelven proveedoras del Gobierno.
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas, tienen que destinar hasta 35 por ciento de sus compras a estas empresas.
Además, se adicionó la fracción X al artículo 10 de esta ley para fomentar la inserción de las actividades productivas y servicios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a nivel regional, estatal y municipal.
A pesar de que las dependencias tienen que destinar hasta 35 por ciento de sus compras a estas empresas, existen barreras para que las mipymes se vuelvan proveedoras del Gobierno, opinó Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Coparmex.
“Se establece que va a ser facultad de la Secretaría de Economía promover que las dependencias realicen la contratación de servicios y obra pública destinada a las mipymes de manera gradual, hasta alcanzar 35 por ciento y esto lo vemos muy bien en cuanto a la intención pero se queda corto en el sentido de que no establece fechas, mecanismo y nos gustaría que se garantizara un piso parejo para que las mipymes puedan ser parte de la proveeduría del estado, y con reglas sencillas y transparentes”, consideró.
Añadió que lo que desincentiva a las mipymes a convertirse en proveedoras del Gobierno es la dificultad de acceso a los mecanismos de adquisición por parte de las dependencias.
“Hay una enorme cantidad de requisitos y cierta discrecionalidad porque en ciertos montos se procede a hacer una invitación y normalmente estas son a las empresas conocidas de los funcionarios. Particularmente hemos visto que 70 por ciento de todos los contratos han sido por adjudicación directa”, manifestó Barba.
Aunado a esto, una de las cuestiones es que se debe garantizar que se cumplan con los plazos de pagos.
“Las mipymes viven al día hay necesidad de que se cumplan los plazos en los cuales establecen los contratos, que normalmente son 20 días hábiles después de haber entregado la factura de bienes o servicios, pero que sabemos que pueden pasar 3 o 4 meses y las mipymes se ven obligadas a recurrir a crédito y esto merma las utilidades que pudieran obtener legtimamente a la hora de venderle al gobierno”, expuso.
Consideró que el hecho de que gran parte de presupuesto se haya destinado a las grandes obras del Gobierno, afectó los recursos de las dependencias.
“Que el presupuesto se haya enfocado a las obras estratégicas, ha disminuido el presupuesto en otras áreas de Gobierno. Muchas mipymes que podrían vender bienes y servicios a diferentes dependencias han dejado de hacerlo, porque se quedaron sin presupuestos para poder adquirirlos”, destacó.
