Conversaciones telefónicas difundidas por redes sociales, han exhibido conductas inapropiadas, por decirlo comedidamente, del fiscal Gertz Manero. El solo conocimiento público de dichas pláticas hubiera merecido, de un hombre con calidad moral y formación ética, la inmediata renuncia, pero ese no es ni será el caso.
Tampoco será su jefe, a pesar de la pretendida autonomía de la fiscalía, el presidente López Obrador, quien lo destituya, pues por enésima vez ha dicho que le tiene confianza e interpreta, en la paranoia que impregna a su administración, como ataques para él, lo que solo es fuego amigo, interno, en contra del consentido fiscal.
Seguramente, el presidente no lo quitará del cargo, pero el sacar a la luz el indebido uso de la posición que detenta, el tráfico de influencias, el conflicto de interés que priva en cuando menos dos asuntos en los que es parte, hace que además se reflexione sobre su capacidad para seguir en el puesto, derivado de la falta de resultados.
Hasta el 12 de noviembre de 2021, de 229 mil carpetas de investigación que inició, solo han derivado en órdenes de captura 7,587, solo el 3.3%.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 al 2021 se han cometido 3,761 feminicidios, en perjuicio de 3,874 víctimas y tan solo en enero de 2022 ya se habían registrado 76 asesinatos de mujeres. En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021 se localizaron 1,606 fosas clandestinas y exhumaron 2,736 cuerpos. Las cifras siguen creciendo y la fiscalía se muestra abúlica y ausente, a pesar de contar con dos fiscalías, de las 8 que componen su estructura, dedicadas, expresamente, a atender precisamente estos asuntos, que son la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, para la cual la muerte de 52 periodistas no le inmuta, y la impasible ante el feminicidio Fiscalía especializada en Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata. (Artículo 13, fracciones VI y VII de la Ley de la Fiscalía General de la República)
La ley por éste fiscal impulsada, le obliga a presentar un Plan Estratégico de Procuración de Justicia con objetivos medibles y para su elaboración debiera apoyarse en un Consejo Ciudadano; a la fecha no existe ni lo uno ni lo otro, o al menos nadie los conoce, y lo más paradójico de esta ley, es que contempla un esquema de sanciones para quien filtre documentos o inicie carpetas de investigación sin sustento, siendo que esto se ha convertido en la manera predilecta de actuar, pretendiendo ganar en la opinión pública lo que no pueden hacer en los tribunales. Se ha hecho una costumbre abusar de la prisión preventiva para encarcelar a supuestos delincuentes, particularmente si son adversarios o críticos del régimen, sin poder llegar a sentencias en ninguno de ellos, haciendo eterno el proceso e integración de carpetas de investigación.
Pese a que la Unidad de Investigación Financiera se esforzó en encontrar elementos para judicializar a personas que serían ejemplo de la lucha anti corrupción, la Fiscalía no ha logrado una sola condena, haciendo que la principal promesa de campaña presidencial no pase del discurso reiterado, más no manifestado.
Con esos resultados, o la falta de ellos, no debería estar el señor Gertz a cargo de la Fiscalía, no sería solo por inmoral o prevaricador, sino también por ineficiente.
Desde hace cuando menos dos sexenios, se buscó desvincular la administración y procuración de justicia de las decisiones políticas, para ello fue la pretendida autonomía que en este sexenio ha quedado también solo en el postulado, pues la sumisión y obediencia del fiscal ante las “sugerencias” presidenciales es evidente.
Si en verdad se quiere darle autonomía real y que persiga en serio hasta al mismo poder, de donde emana mucha o toda la corrupción que impera, el fiscal debiera ser sujeto de elección popular y su postulación provenir de las organizaciones civiles, no de los partidos políticos. Sujeto a la rendición de cuentas que ya se contempla en la legislación que debiera ser cada año, y a la revocación del cargo mediante consulta pública cada tres años. Eso sería una democratización real de la procuración de justicia y no la simulación y sumisión imperantes.
La seguridad, el combate a la impunidad, el orden y la legalidad que debe garantizar el Estado no son cuestión de política, ni debieran de estar sujetos a la voluntad de los políticos. En México hay hombres de leyes, con formación profesional y ética a prueba de infundios, como hay también quienes conocen de la seguridad y combate a la delincuencia que pueden imponer orden, sujetos siempre a la observación ciudadana y al cumplimiento de la ley.
Mientras la política siga imponiendo fiscales a modo y la seguridad se busque con abrazos y no balazos, los números fatales seguirán creciendo.
