En el documento de Taxonomía Sostenible de México coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dado a conocer en el presente año, se señala lo siguiente “Los análisis preliminares estiman que para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2022 a 2030, México necesita financiamiento anual entre $74 y $92 mil millones de dólares, lo que equivale a movilizar entre 6.8% y 8% del Producto Interno Bruto. Ante una brecha de financiamiento de esta magnitud, es necesario que los esfuerzos se aceleren más allá de las limitaciones presupuestarias del gobierno y se movilicen recursos financieros a gran escala. Para lograr esto, es crucial crear un ecosistema financiero sostenible e inclusivo en los próximos años. Esto se puede lograr a través de la implementación de distintos mecanismos que fomenten la movilización de recursos hacia actividades que contribuyan tanto al bienestar social como al cuidado del medio ambiente.”
En otras palabras, se trata del financiamiento sostenible, entendido como aquel que permite direccionar los flujos de inversión hacia proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Dichas inversiones son tanto públicas como privadas que promueven el desarrollo bajo un enfoque de sostenibilidad.
No obstante, para evitar el discurso vació, la simulación o la práctica conocida de Green Washing, varios países han caminado hacia la homologación de criterios para identificar qué es una inversión sostenible ( entre ellos, los países de la Unión Europea), por ello, se ha expedido el documento de Taxonomía Sostenible de México, pero más allá de esto, también están las normas o estándares de ASG, que significa Ambiente, Social y Gobernanza y en ingles se les conoce como ESG, que vienen adoptando las empresas y sobre lo cual, deben fortalecer las áreas de el gobierno de datos, el desarrollo de habilidades en los recursos humanos, las regulaciones apropiadas y de cumplimiento obligatorio y la gestión ineludible de riesgo, incluyendo el riesgo reputacional.
Veamos ahora las cifras de inversión sostenible, y que de acuerdo con el reporte de Refinity Deals Intelligence, señala que para el 2021, la emisión de bonos verdes en el mundo ascendió a 488,800 millones de dólares y se dice que es casi el doble del 2020. Y que en el 2022 fue el año clave de emisión de herramientas financieras sostenibles.
Bajo la óptica de la inversión sostenible y la Taxonomía Sostenible se encuentran los Bonos Climáticos (CBI, por sus siglas en inglés) los cuales son una referencia a nivel internacional en materia de taxonomías para la identificación de activos y proyectos para lograr una economía baja en carbono.
El financiamiento sostenible en México, desde el lado de la oferta, se ha enfocado principalmente en la emisión de bonos temáticos, como en el caso de Querétaro, se trata de Bonos de Carbono (lanzados por el gobierno estatal y el gobierno del municipio de Querétaro, que se obtienen directamente sin intermediación financiera), orientados a cumplir los objetivos de descarbonizar la economía.
Este financiamiento sostenible se correlaciona con la Agenda 2030 en los objetivos 6, y del 12 al 15 que promueven acciones para garantizar la supervivencia del medio ambiente y contar con un planeta habitable y equilibrado, reconociendo que, aunque se modifique el espacio natural, éste debe seguir brindando o compensando los servicios ambientales.
En este sentido, el municipio de Querétaro, por un lado, ha valorizado sus activos ambientales-financieros como el Parque La Barreta, como un reservorio de carbono, a partir del cual oferta al mercado local voluntario Bonos de Carbono para compensar las emisiones de particulares, empresas, instituciones públicas o desarrollos inmobiliarios, en tanto que también invierte en dicho reservorio en acciones de reforestación y restauración del suelo.
Pero por otra parte, también ha perfilado la figura de compensación por la alteración de espacios naturales a fin de reponer los servicios ambientales o ecosistémicos, principalmente aquellos que se relacionan con la captura de CO2 o la infiltración de agua. O bien, en los casos de autorizar cambios de uso del suelo, el beneficiario debe sumarse a un proyecto ambiental del municipio, lo cual implica canalizar inversiones sostenibles privadas.
Así mismo, impulsa la certificación de fragmentos de biodiversidad urbana en conjunto con la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, con la finalidad de conservar y proteger la diversidad de especies vegetales nativas presentes en la mancha urbana, y que proveen de servicios ambientales, lo cual contribuye a garantizar la meta de 30×30 (proteger el 30% del territorio al 2030).
Además, promueve el pago de servicios ambientales por polinización (desde hace 2 años) que favorece la conservación de la biodiversidad y en consecuencia los servicios ambientales.
Y en adición, el municipio cuenta con un Fondo Ambiental para financiar proyectos sostenibles como el pago del servicio ambiental de polinización, los paneles solares en los micronegocios (en conjunto con la SEDESU del gobierno estatal), la eficiencia energética en los edificios municipales, la valorización, cuantificación y certificación de los bonos de carbono, la certificación de los fragmentos de biodiversidad urbana y el Premio Municipal de Biodiversidad entre otros.
La creación, desarrollo y aplicación de estos instrumentos para la inversión sostenible municipal, cuenta con sus protocolos, criterios, métricas e indicadores que garantizan la confiabilidad, la transparencia y regulación normativa, encaminadas a revertir las externalidades negativas ambientales, la conservación y protección de espacios naturales, de los recursos naturales y servicios ambientales, en el marco de los distintos programas ambientales municipales (cambio climático, biodiversidad, ordenamiento ecológico, inspección y vigilancia, y economía circular) alineados con los ODS y el Plan de Desarrollo Municipal vigente.
En esta medida, los instrumentos Sostenibles del Municipio son un marco de referencia para identificar y clasificar actividades económicas que parten de un enfoque amplio de la sostenibilidad, al buscar contribuir al logro de objetivos medioambientales y sociales, a la vez que da cumplimiento a los siguientes objetivos estratégicos:
-Movilizar y reorientar el financiamiento público y privado hacia actividades económicas con impactos medioambientales y sociales positivos.
-Proveer de mejor información a la sociedad, empresas, instituciones y mercado local, así como contribuir a la eliminación del riesgo de greenwashing.
-Crear una base para el desarrollo de políticas públicas en materia de finanzas sostenibles municipales.
