Abel Barajas
La Fiscalía General de la República confirmó que ha reactivado la teoría del complot en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y que apelará la negativa de orden de aprehensión contra José Antonio Sánchez Ortega, el ex agente del Cisen al que ahora señala como el “segundo tirador”.
También confirmó que apunta a Genaro García Luna como responsable de rescatar a Sánchez de las oficinas de la entonces PGR, horas después de haber sido detenido en Lomas Taurinas con su chamarra manchada de sangre del ex candidato presidencial.
Reforma publicó ayer lunes que la FGR retomó la teoría de la conspiración en el crimen de Colosio y que el Juez federal Jesús Alberto Sánchez Hernández negó la orden de aprehensión contra Sánchez por el delito de homicidio calificado.
“En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, señaló la FGR en un comunicado.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”. En su comunicado, la Fiscalía acusa a Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, de haber actuado con parcialidad, “quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR” contra el agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial.
“En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con Gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.
Sánchez fue detenido la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, minutos después del magnicidio.
Dos indicios lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: al momento de su captura su chamarra blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de radizonato de sodio o prueba de Harrison Gilroy. Sin embargo, al día siguiente, la Delegación de la PGR en Tijuana lo dejó en libertad bajo reservas de ley.
La FGR cuestionó la negativa de captura contra Sánchez, dictada hace 20 días por el Juez Chávez Hernández, porque aseguró que sólo le dio valor probatorio al video del primer disparo.
“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse”.
