ENCUENTRO CIUDADANO
Hasta la fecha, la política indigenista oficial mexicana ha mantenido como principio la idea de integrar a los pueblos indígenas a la nación. Esta política ha seguido varias estrategias, diseñadas de acuerdo con los intereses de los distintos gobiernos que han detentado el poder en cada sexenio. Estas estrategias son conocidas como políticas de desarrollo en materia indígena y aunque cada una ha surgido en etapas distintas, se puede decir que todas ellas han coexistido hasta la actualidad. La política indigenista del Estado mexicano, en sus diferentes modalidades y etapas, ha tenido como objetivo el de tratar la cuestión indígena como si ésta fuese un “problema nacional”. En un recuento rápido observamos que la primera etapa puede calificarse como una política de exclusión (1910-1934), pues aunque no fue diseñada ex profeso, el Estado excluyó a los indígenas de la formación nacional y en consecuencia, de todo tipo de presencia y participación social y política. La segunda etapa del indigenismo, claramente definida por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), es la del indigenismo paternalista. En este periodo se institucionaliza la política indigenista, no sólo para México sino para toda América Latina. En 1936 se creó el Departamento de Asuntos Indígenas y en 1940 tuvo lugar el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán. A partir de los años cuarenta, la política indigenista del Estado mexicano se desarrolló desde planteamientos excluyentes y racistas, hasta ideas sobre el desarrollo y la modernidad, a las que estorbaban las “formas de vida simples y rudimentarias”, los idiomas vernáculos y las costumbres distintas a las de una ciudadanía moderna. Fue entonces cuando se erigió la política de integración o asimilación del indígena a la vida nacional; con ella se postuló la desaparición de las diferencias culturales, lingüísticas y de formas de vida, en la suposición de que con esto también desaparecería la pobreza y al hacerlo, la nación tendría mayor oportunidad de alcanzar esa modernidad. Ésta etapa del indigenismo que, si bien inicia en 1940, se prolonga hasta el fin del sexenio de Luis Echeverría en 1976. A partir de ese momento una preocupación central en todas las políticas federales es la de integrar a la población indígena a las formas de vida nacional, a través de la homologación de servicios médicos, educativos, productivos, de infraestructura y de procuración de justicia, ya sea imponiéndoles los modelos, preguntándoles si están de acuerdo o no, o permitiéndoles que diseñen sus propios programas de desarrollo dentro del marco de “las formas de vida nacional”. Todo ello con sus debidos límites.
Cuando López Obrador presentó en diciembre de 2018 el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, resumió la estrategia en una acción: “destinar apoyos y recursos”, aclarando que en el presupuesto, “como nunca” se aseguran beneficios en favor de las comunidades indígenas. Si su política es considerar a los pueblos indígenas sujetos de derechos, las acciones hasta ahora han fluido del gobierno a los pueblos.
Hasta ahora la política indigenista ha sido asistencialista, paternalista y clientelar, con el agravante de que el gobierno continúa siendo cómplice de la violación sistemática de los derechos indígenas consagrados en diversos ordenamientos nacionales e internacionales. Además, en los hechos dicha política ha apoyado descaradamente el despojo recurrente de los territorios y recursos naturales de los pueblos originarios, mediante la implementación de los llamados megaproyectos (Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico), que se deciden sin su consentimiento libre e informado. El etnocidio, inducido por el contubernio entre el gobierno y los grandes capitales, es hoy un fenómeno imparable en la realidad cotidiana de las zonas indígenas de México. Ante la actuación del gobierno federal surgen interrogantes claves: ¿Cesará la violación a los derechos de los pueblos indígenas? ¿Tendrán éstos influencia real sobre el INAPI en cuanto instrumento para impulsar su desarrollo autónomo? ¿Comenzará a detenerse el etnocidio recurrente que sigue destruyendo la inmensa riqueza cultural y de valores de los pueblos indios? Las respuestas esclarecedoras deben llegar a tiempo.
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